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En el informe anual sobre violaciones a derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador, organizaciones defensoras de los derechos humanos recopilaron distintas acciones gubernamentales en contra de la población salvadoreña originadas a partir del régimen que los llevó a calificarlo como el “más grave de los retrocesos en materia de institucionalidad democrática, estado constitucional de derecho y derechos humanos desde los acuerdos de paz”.
Las organizaciones han atendido 4723 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, pero se acotó que estas no representan la totalidad de casos en el país, pues estos son hechos denunciados, y pueden existir más casos que no se hayan denunciado por temor a represalias, dijeron.
La PNC es la institución más señalada como victimario de estas presuntas violaciones a los derechos humanos, teniendo una participación en el 90% de los hechos, detallaron. Luego, la Fuerza Armada en conjunto con la policía y de tercero solamente elementos militares.
Sobre las personas capturadas, los datos difundidos por las autoridades contabilizaron a 66,417 personas. De acuerdo con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se han liberado a 3,775 personas capturadas a quienes se les comprobó su inocencia, es decir, el 5.7% del total de personas detenidas.
Una condición sistemática de tortura
En el informe se detalla que se han podido verificar el fallecimiento de 102 personas dentro de los centros penitenciarios; 98 hombres, 2 mujeres y 2 donde no se pudo determinar el género. De estos, la mayoría ocurrió en el Centro Penal de Izalco, con 52 muertes registradas. 19 ocurrieron en el Centro Penal “La Esperanza” y 8 no se pudo determinar en qué prisión ocurrió.
Aunado a ello, se aseveró que no fue posible determinar la causa de las muertes en la mayoría de los casos. Sin embargo, la segunda causa más frecuente fueron las muertes violentas, y la tercera la falta de acceso a medicamentos y/o asistencia médica. La razón de no poder determinar la causa es la falta de información y explicaciones genéricas de las autoridades.
“Los cuerpos presentaban estrangulamiento, costillas quebradas, heridas en el abdomen y cabeza, pero el reporte oficial forense atribuía la muerte a edema pulmonar”, alegó el informe con base a un reportaje periodístico donde se citó a fuentes internas del Instituto de Medicina Legal (IML).
Lo anterior llevó a determinar a las organizaciones que las condiciones vividas por las personas privadas de libertad dentro de los centros penitenciarios pueden ser definidas como “una condición sistemática de tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes”.
Un costo inestimable
Para las organizaciones defensoras de derechos humanos, el costo que tendrán las consecuencias que las víctimas están viviendo a causa del régimen de excepción no son calculables, pero tiene diferentes facetas, como la económica, social, salud mental y salud física. “Los elevados costos de vidas humanas, graves violaciones a los derechos humanos contra víctimas directas y sus familias, han sido el precio del logro gubernamental”, afirmaron.
Lamentaron que se escogió un método punitivo para responder ante la situación de criminalidad en el país, mientras las causas estructurales, como la exclusión social y la desigualdad, siguen vigentes y están siendo agravadas por el régimen de excepción.
Por tanto, recomendaron que no se prorrogue más el régimen de excepción. “Su prórroga es un riesgo permanente de abuso de poder hacia la población”, determinaron la Asociación Azul Originario, AMATE, Cristosal, FESPAD, IDHUCA, la Red Salvadoreña de Defensoras de los Derechos Humanos y el Servicio Social Pasionista (SSPAS).
