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El recién publicado “Análisis sobre la situación de las personas con discapacidad en El Salvador, 2023”, reveló que este sector poblacional sigue caracterizado por el alto número de mujeres, mayor que hombres, y como respuesta a los impactos y riesgos diferenciados es necesario adoptar un enfoque de género como respuesta a la feminización de la población con discapacidad.
“Se necesita adoptar un enfoque de género capaz de atender los riesgos diferenciados de la mujer a la condición de discapacidad, velar por los derechos de ellas como mayoría en los diferentes sectores de población con discapacidad; y construir sinergias institucionales para reducir los efectos adversos de la combinación de las desigualdades de género con las de discapacidad (por ser mujeres, las personas con discapacidad pueden enfrentar mayores riesgos de exclusión)”, dice la investigación.
El análisis fue desarrollado por el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONAIPD), el Fondo Nacional de las Naciones Unidas El Salvador (UNFPA) y a cargo de la investigadora Adriana Velásquez.
Con base a la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad 2015 del CONAIPD y la Encuesta Nacional de Salud de 2021 del Ministerio de Salud (las últimas encuestas que reflejan la situación de este sector), el análisis subrayó que 58 de cada 100 personas son mujeres con discapacidad, figurándose una “feminización” de esta población.
“Según la Encuesta Nacional de Salud 2021, el 20.4 % de la población de los hogares del país tenía alguna discapacidad permanente (prevalencia total). De este total, 26.7 de cada 100 son personas que solo tienen dificultades funcionales leves de tipo visual, ya que tienen problemas para ver aun usando anteojos. A escala nacional, solo el 7.6 % de la población tenía mucha o total dificultad para desempeñarse a nivel motriz, el visual, el de habla, el auditivo, el intelectual, el psicosocial y el de autocuidado personal”, explica el análisis publicado.
Señalaron que si bien, El Salvador posee un desequilibrio demográfico de género debido a que hay más mujeres que hombres, este escenario se profundiza, porque el 58.3 % de la población con discapacidad son mujeres, mientras que en la población sin discapacidad equivale al 52.2 %.
“Existe un rostro de género funcionalmente diferenciado de la discapacidad y el predominio de la población femenina es mayor en la población con discapacidad que tiene dificultades motrices (36.4%), visuales (68.2%) o intelectuales (31.7%)”, señala el documento.
Entre los desafíos del Estado salvadoreños por la feminización de la población con discapacidad, las organizaciones enlistaron la eliminación de barreras que obstaculizan la salud integral de las mujeres con discapacidad, la exposición diferenciada a la violencia sexual, la elaboración de la condición de discapacidad como una barrera para la inclusión laboral, entre otros.
Sobre el acceso a la salud de estas mujeres, destacaron que persisten mitos o ideas preconcebidas en torno a su capacidad biológica para tener una descendencia saludable, sus habilidades de aprendizaje, su nivel de compresión para proporcionar información y tomar decisiones, su falta de capacidad para reconocer hechos de violencia sexual en su contra, entre otros.
“La persistencia de estos mitos se traduce en impactos negativos para la salud y la vida de las mujeres con discapacidad pues restringe el acceso a la información y a los servicios adecuados de salud sexual y reproductiva o de atención a la violencia, que pueden traducirse desde complicaciones durante el embarazo, parto o postparto, a dificultades para su salud menstrual, a la falta de acceso a métodos anticonceptivos para planificar cuándo y cuántos hijos tener, a una mayor vulnerabilidad ante la violencia sexual, entre otras situaciones que vulneran sus derechos”, afirmaron las organizaciones a cargo de la investigación.
Sobre la violencia sexual a la que estas mujeres son expuestas, el documento indicó que en 2021 el 82.4 % de las mujeres entre los 15 a 59 años habían tenido alguna relación sexual en su vida 11.1 % de estas comenzaron su vida sexual antes de los 15 años.
A su vez, el 20.7 % en las mujeres con discapacidad indicaron haber tenido su primera relación sexual sin su consentimiento.
A este escenario para las mujeres se añaden una serie de obstáculos para ser reconocidas como víctimas de algún hecho de violencia sexual, por ejemplo, la dificultad para comunicar lo sucedido frente a una autoridad estatal por las diferencias en sus perfiles cognitivo-sensoriales, como resultado de la falta de servicios de atención a víctimas capaces de adecuarse a su forma de comunicación.
En segundo lugar, existe la posibilidad de enfrentarse a tensiones con los miembros de su hogar por el reconocimiento de los hechos y la obtención de apoyos para la interposición de una denuncia o la búsqueda de ayuda para tratar las consecuencias de los hechos. “Estas tensiones pueden ser más complejas, si el agresor es afectivamente cercano al núcleo familiar (como la pareja o familiar) o si el hogar depende económicamente del agresor (lo cual puede ser particularmente desventajoso para las mujeres con discapacidad que no tienen ingresos propios)”, explicaron.
Asimismo, su credibilidad puede ser cuestionada, especialmente si tienen dificultades funcionales para comunicarse, relacionarse con otros, comprender diferentes ideas o recordar con precisión hechos de su vida cotidiana, entre otros.
Con edición de Morena Villalobos
