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Desde que entró en vigencia el régimen de excepción en El Salvador, en marzo de 2022, diferentes instituciones le han dado seguimiento a la violación de los derechos humanos de personas que no pertenecen a estructuras criminales. Además, han señalado diferentes abusos que las autoridades (elementos de la Fuerza Armada y agentes de la Policía Nacional Civil) han cometido en contra de los civiles amparándose bajo las permisiones y armas legales que dicho régimen les otorga.
Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), y el Servicio Social Pasionista (SSPAS), presentaron un informe sobre el desplazamiento forzado interno que se ha registrado desde que se aplicó el régimen de excepción en 2022 hasta junio de 2023.
El informe detalló que hay un total de 223 víctimas, y que, de enero a junio de este año, se han registrado 195 casos de desplazamiento forzado, donde el 76% de las personas identificó a miembros de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y Policía Nacional Civil (PNC) como los victimarios.
“Es la primera vez que en El Salvador vemos que la Policía Nacional Civil, en particular, está generando desplazamiento forzado interno de forma masiva y más profunda que estructuras del crimen como las pandillas”, comentó Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos del SSPAS.
La mayor parte de las víctimas son mujeres, con un 42% de las personas atendidas. Otro de los segmentos poblacionales afectados son niños y niñas entre 0 y 12 años, lo cual corresponde al 17.5% y adolescentes entre 13 y 18 años con un 9.4%, detalló el informe. “El discurso represivo del régimen de excepción, discurso estigmatizante, hace parecer que no hay víctimas. Hemos observado militares involucrados en violencia sexual hacia la niñez y adolescencia. Hechos que preocupan”, agregó Reyna.
El número de víctimas desplazadas por agentes estatales, en particular por la PNC, ha aumentado durante la suspensión de derechos fundamentales por el régimen de excepción. Para 2020, apenas el 2.5% correspondía a la PNC y, en 2021, el 5.2%. Sin embargo, en el año 2022 la cifra creció de forma considerable, alcanzando un 41.5% para la PNC y un 4.1% para la FAES.
De estas víctimas el 51.1 % ha presentado una denuncia oficial que no ha tenido respuesta, pese a la existencia de una ley para el desplazamiento forzado.
Ademán, al desplazamiento forzado interno se une a otros hechos violatorios de derechos humanos que en conjunto suman 476 en ese periodo, como amenazas, detenciones arbitrarias, hostigamiento, allanamiento, acoso y abuso sexual.
