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Alrededor de 58 mil firmas ciudadanas fueron presentadas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para exigirle la declaración de inconstitucionalidad de la Ley General de la Minería, un marco aprobado por la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre del 2024.
“Esto representa la voluntad de al menos 58 mil salvadoreños y salvadoreñas que en los territorios se han atrevido a decir no a la minería. Una ley inconsulta no es una ley constitucional, una ley que violenta derechos humanos y los hace regresivos no puede ser superior a la Carta Magna o a los acuerdos internacionales”, dijo Amalia López, integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
La petición fue presentada por ambientalistas, defensores de derechos humanos, iglesias históricas y representantes de diversas organizaciones de sociedad civil que integran la “Alianza contra la minería”. La ley en favor aprobada de forma “inconsulta”, señalaron, atenta contra el medio ambiente y al menos tres artículos de la Constitución.
“Esta decisión no solo atenta contra las comunidades, los territorios, el agua y la soberanía nacional, sino que también vulnera derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua. Además, supone un retroceso en la protección ambiental y la violación de tratados internacionales y constituye un fraude a la Constitución al permitir la participación del Estado en la explotación minera sin los controles adecuados”, aseveraron en un comunicado.
Las firmas fueron recolectadas desde inicios de enero en todo el territorio nacional. Recientemente, la Conferencia Episcopal también presentó 150 mil firmas ciudadanas en contra de la minería ante la Asamblea Legislativa. En total, cerca de 207 mil habitantes de El Salvador han manifestado a través de firmas su rotundo rechazo a la minería metálica. “No a la minería, sí a la vida”, figura una de las consignas que defiende la amplia alianza de organizaciones y sectores sociales.
Con edición de Diego Hernández
