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La Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, en conjunto con la Concertación Romero y otras organizaciones, demandaron la elevación a juicio del caso de Monseñor Romero, quien fue asesinado hace 45 años en El Salvador. Aseveraron que existe documentación suficiente para que el caso finalmente avance.
La petición fue interpuesta a través de un escrito ante el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador este 24 de marzo, en el marco de la conmemoración del magnicidio de Monseñor Romero quien marcó un legado en la denuncia de las violaciones a derechos humanos en el país.
“Estamos denunciando el estancamiento del proceso, la falta de investigación y diligencias útiles en el caso. Así también estamos solicitando que el caso pase a otra etapa: el caso debe elevarse a plenario y llevarse a una vista pública y condenarse al excapitán Álvaro Saravia en este caso”, manifestó Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal.
Álvaro Saravia figura entre uno de los presuntos responsables en el caso, así lo señaló la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas en su informe de 1993. Según las organizaciones, Saravia posee una difusión roja por parte de la Policía Criminal (INTERPOL) activada desde 2018.
La Comisión de la Verdad también señaló la supuesta participación del Mayor Roberto D’Aubuisson, quien habría dado la orden de asesinar al entonces arzobispo; Eduardo Ávila quien habría participado en la planificación al igual que Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.
“Monseñor Romero se había erigido en un reconocido crítico de la violencia y la injusticia y, como tal, se le percibía en los círculos civiles y militares de derecha como enemigo peligroso. Sus homilías irritaban profundamente a estos círculos por cuanto incluían recuentos de hechos de violaciones a los derechos humanos, fruto del trabajo de la Oficina del Socorro Jurídico del Arzobispado”, detalló también la comisión en su publicación.
La Asociación Tutela Legal señaló además que, a la fecha, el periodo de instrucción contemplado en el Código Penal de 1974, con el que se procesa el caso, ya fue agotado, por lo que corresponderá al Fiscal General y la judicatura definir y decidir el avance o no en el caso más de cuatro décadas después del asesinato.
Con edición de Diego Hernández
