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Hoy se cumplen 39 años del asesinato de cuatro periodistas holandeses, Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelius Kuiper Joop, Hans Lodewijk ter Laag y Johannes Jan Wilemsen, quienes fueron emboscados y asesinados por miembros del Batallón Atonal de la Fuerza Armada, en el municipio de Santa Rita, departamento de Chalatenango.
La Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) informaron que el caso comienza su proceso de judicialización
Este día se presentó formalmente la noticia de que el caso de los 4 periodistas ha sido judicializado en el departamento de Chalatenango, en el Juzgado de Dulce Nombre de María.
El pasado 13 de marzo de 2018, presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigaran estos hechos y se siguieran los procedimientos judiciales para adjudicar la responsabilidad penal de sus autores intelectuales y materiales.
Este año se reconoció la aceptación del caso y se ha iniciado los procesos de interrogatorio a testigos que lleven a acumular pruebas durante este camino de judicialización. En esa oportunidad (2018), debido a que en estos asesinatos nunca se ha acusado formalmente en un tribunal a ninguna persona, era procedente aplicar el Código Procesal Penal de 2011 y el Código Penal de 1974. Este criterio fue recogido en la Política de Persecución Penal de Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad en el contexto del conflicto armado, aprobada en diciembre de 2018.
Sin embargo, señalaron que en plena contradicción de su normativa interna y de forma inconsulta con las víctimas y sus representantes, la FGR decidió solicitar una serie de diligencias judiciales de investigación del crimen de los periodistas holandeses con base a ambos códigos de 1974.
Esta decisión del Fiscal General, por medio del Grupo para la Investigación de los delitos cometidos durante el conflicto armado, la interpretaron como una maniobra política para limitar sus funciones, evadir responsabilidades y volver aún más lento el trámite de este crimen de lesa humanidad, por lo que denunciaron esta obstaculización adicional que se está llevando a cabo en detrimento de la averiguación de la verdad, en claro abandono a las víctimas y en favorecimiento de la impunidad y los victimarios.
Reafirmaron que estan muy pendientes y vigilantes del proceso y resultado de las diligencias que han comenzado a desarrollarse en el Juzgado de Instrucción de Dulce Nombre de María, Chalatenango y esperan que ese Juzgado no se preste a nuevas artimañas dilatorias y de impunidad como las que han llevado a cabo la FGR y la Fuerza Armada, al negarse a colaborar con la búsqueda de la verdad y justicia.
La Fundación Comunicándonos y ASDEHU esperan y exigen al Estado salvadoreño que finalmente se comprometa con la verdad y lleve ante la justicia a los autores intelectuales y materiales de estos asesinatos que continúan en la impunidad y que se ha convertido en un caso paradigmático de violación a la libertad de expresión.
Sucesos:
El 17 de marzo de 1982 fueron asesinados los cuatro periodistas tras una emboscada tendida por el ejército mientras trabajaban en un reportaje sobre la situación de la población civil que sobrevivía a los operativos contrainsurgentes de “tierra arrasada”. Las únicas “armas” que los acompañaban eran: cámaras, grabadoras, plumas y libretas.
El informe de la Comisión de la Verdad concluyó que “El diecisiete de marzo de 1982, en horas de la tarde, cuatro periodistas holandeses acompañados por cinco o seis miembros del FMLN, algunos de ellos armados, cayeron en una emboscada tendida por una patrulla del Batallón Atonal de la Fuerza Armada Salvadoreña, cuando se dirigían a territorio controlado por el FMLN”, “…la emboscada fue preparada deliberadamente para sorprender y dar muerte a los periodistas y sus acompañantes”. Y señala que “la decisión de emboscarlos fue tomada por el Coronel Mario A_ Reyes Mena, Comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, con el conocimiento de otros oficiales”.
