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OBSERVACOM
Amnistía Internacional acusa a Facebook y Google de ser cómplices del acoso del gobierno a población de Vietnam a través de la censura de contenidos online.
El estudio «Let us Breathe!”: Censorship and criminalization of online expression in Viet Nam” indica que en ese país existe un número récord de “presos de conciencia”: de las 170 personas encarceladas en 2020, 2 de cada cinco (40%) está en la cárcel por sus expresiones en redes sociales.
El informe señala además que 21 de 27 prisioneros de conciencia fueron procesados por su actividad pacífica online bajo los artículos 117 o 331 del Código Criminal, que son las mismas previsiones que implementan Facebook y YouTube en sus términos y condiciones.
A partir de distintas entrevistas, el informe documenta la represión sistemática de expresiones online, que incluyen la remoción de contenido sin el conocimiento de los usuarios y sin notificación, así como el geo-bloqueo de contenido considerado crítico a las autoridades, lo que implica que el mismo es invisibilizado para cualquiera que acceda a la plataforma en Vietnam.
“Estas plataformas (Facebook y Youtube) se han convertido en terrenos de caza para censores, ciber-tropas militares y trolls patrocinados por el estado. Las plataformas no solo permiten que suceda, sino que son cada vez más cómplices”, aseguró Ming Yu Hah, subdirectora regional de campañas de Amnesty International.
“El alcance de la complicidad de los gigantes tecnológicos en el régimen de censura de Vietnam hace que Facebook y YouTube sean una zona libre de derecho humanos en Vietnam”, sostiene Amnesty International.
“La decisión públicamente reconocida de Facebook de aumentar su cumplimiento de las demandas de censura de las autoridades vietnamitas en abril de 2020 (se incrementó en un 983% la restricción de contenidos basada en leyes locales) y el historial de larga data de Google de cumplimiento de las solicitudes de censura arbitrarias de las autoridades ya están teniendo repercusiones en otras partes del sudeste asiático y más allá. A menos que estas empresas realicen reformas decisivas y sistémicas en sus políticas y prácticas, es probable que proliferen situaciones similares en todo el mundo en otros contextos represivos”, concluye el informe.
