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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) afirmó en la presentación de su informe: “Régimen de excepción y afectación a la libertad de prensa en El Salvador”, que en el marco del régimen de excepción han documentado 385 vulneraciones, en un total de 222 casos en contra de periodistas ocurridas entre el 27 de marzo del 2022 y el 13 de julio de 2023.
“El gobierno de El Salvador está incumpliendo de manera sistemática sus compromisos internacionales que le obligan a garantizar y proteger el derecho a la libertad de prensa”, aseveró la organización.
De acuerdo con el relator de Libertad de Expresión de APES, Gabriel Labrador, las principales inquietudes o acciones que detectaron y que más vulneran el ejercicio de prensa son los casos en que policías o militares detienen “arbitrariamente” a periodistas o fotógrafos cuando dan coberturas.
“Les piden que se identifiquen y, a partir de ese momento, comienza toda una secuencia que ya es un patrón que nos preocupa: que es amenazar a los periodistas con que cooperen, o que digan qué están haciendo ahí, o que borren material que si no lo hacen serían llevados y procesado con el régimen de excepción”, sostuvo Labrador.
APES también documentó, entre 2022 y 2023, 17 casos de periodistas que se han visto obligados a movilizarse dentro del país y 5 que tuvieron que exiliarse de manera permanente debido al actual escenario para ejercer el periodismo.
Asimismo, la organización reportó el primer caso de un periodista, Víctor Barahona, que fue capturado en el régimen de excepción y fue acusado “injustamente de tener vínculos con grupos criminales”. Barahona fue liberado casi un año después de ser capturado.
Según los datos de la APES, durante 2022, 6 de cada 10 casos de vulneraciones en contra de periodistas fueron cometidos por entidades vinculadas el Estado salvadoreño, empezando desde el órgano Ejecutivo, Legislativo y desde las estructuras judiciales con las recientes reformas que se han hecho “para criminalizar a la prensa”, dijo Angélica Cárcamo, presidenta de APES.
Son al menos 18 reformas a las que se refirió la APES los cuales señalaron que funcionan como “mecanismos legales de control y vigilancia para promover la intimidación y autocensura”.
Recientemente, la APES y otras organizaciones defensoras de derechos humanos participaron en una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para explicar la actual situación de derechos humanos y el estado de excepción. El Estado salvadoreño participó también. Sin embargo, el Comisionado de Derechos Humanos, Andrés Guzmán Caballero, rechazó las denuncias que hicieron las organizaciones de la sociedad civil al respecto de las violaciones a la libertad de prensa, seguimientos o a acosos a periodistas, entre otras.
A juicio de Paula Saucedo, de la organización internacional Artículo 19, «un ataque a un periodista es ir en contra de la democracia. Si se permite esto da lugar a aún más graves violaciones de derechos humanos.»
Por su parte, Jonathan Bock, de la Fundación para la Liberta de Prensa (FLIP), señaló que lo que ha llevado la situación de prensa hasta la actual ha sido que diferentes funcionarios o entidades han mantenido el discurso de que “el periodista es el enemigo”.
«En la medida que un gobierno entre a dictar qué es lo bueno y qué es lo malo, quién es el enemigo y quién no, se convierte en censura. Y esta es la situación actual”, agregó.
El informe desarrollado por APES tuvo como base a testimonios de 24 profesionales del periodismo de diferentes niveles en medios de comunicación que participaron en una encuesta. Se llevaron a cabo también grupos focales, talleres, entrevistas y se tomaron en cuenta otros datos estadísticos recopilados por el Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas.
Con edición de Diego Hernández
