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“Las ´reformas mordaza´ nunca debieron ser aprobadas por el impacto de la vulneración al derecho a la libertad de prensa y expresión”, manifestó la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) en un comunicado.
La Asamblea Legislativa aprobó el 1 de noviembre del corriente año la derogación de dos reformas vigentes desde abril de 2022: el inciso segundo del artículo 345-C del Código Penal y el inciso tercero del artículo 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal.
El primero prohibía “a los medios de comunicación radial, televisión, escrito o digitales la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originado por dichos grupos delincuenciales que pudieran generar zozobra y pánico en la población”.
El segundo establecía sanción de 10 a 15 años a quienes incurrieran, “por medio del uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información, medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales, reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados o dichos grupos delincuenciales, que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general”.
“El Estado salvadoreño, de forma descarada y sin pedir disculpas públicas reconoció en la justificación de la anulación de las reformas mordaza que oficialmente vulneró el derecho a la libertad de expresión establecido en artículo seis de la Constitución de la República al mencionar que considera necesario ratificar el ejercicio a la libertad de expresión. Y mienten al decir que no han menoscabado la labor de la prensa y medios de comunicación”, aseguró APES.
Las reformas fueron presentadas por Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, argumentado que no se perjudicaron a medios de comunicación, que las políticas públicas de seguridad y el régimen de excepción han demostrado una supuesta efectividad con base a la captura de más de 71,000 personas presuntamente vinculadas con grupos criminales.
Sin embargo, APES afirmó que durante los 19 meses de vigencia de las “reformas mordaza”, se registraron graves afectaciones. Entre estas, mencionó al menos 76 casos de periodistas afectados, al menos 15 periodistas se han movilizados (dos en exilio permanentemente) por temor a repercusiones legales y un periodista encarcelado.
Pese a la reversión de las reformas, la organización sostuvo que estas han tenido “efectos irreversibles” entre los que destacó la narrativa permanente de estigmatización en contra de periodistas y medios de comunicación no afines al oficialismo, censura de coberturas sobre hechos de violencia (principalmente por medios locales y comunitarios) y el aumento de abuso de poder por parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES).
“No celebro las derogatorias de las ´reformas mordazas´. Queremos medidas reales, investigaciones contra agresores, políticas y leyes de protección”, exigió Angélica Cárcamo, presidente de la APES.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también se pronunció, reconociendo estas derogaciones como un paso importante debido a su vigencia producían «un efecto inhibitorio (autocensura) sobre periodistas y medios de comunicación social». «Esta decisión debería complementarse con otras medidas que contribuyan a fortalecer el espacio cívico, generando un entorno seguro y propicio para la labor de las y los defensores de derechos humanos y periodistas», agregó.
Con edición de Morena Villalobos
