La Sala del Senado de Chile aprobó la ratificación del Acuerdo de Escazú, primer convenio regional ambiental de América Latina y el Caribe, el cual contiene disposiciones específicas sobre la seguridad y protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
Por Diana Rivas, periodista de VOCES
Con 31 votos a favor, tres en contra y 11 abstenciones, el pleno del Senado de Chile aprobó la incorporación del país al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú.
Chile se convierte en el país número 13 en ratificar el tratado ambiental que tiene por objetivo garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, propiciar la participación pública en la toma de decisiones y la creación de instrumentos que protejan a los defensores ambientales.
Por su parte, el presidente chileno, Gabriel Boric Font, en su cuenta de Twitter calificó positivamente el acuerdo del Senado. “Felicito a todas y todos que desde distintos frentes han luchado por la defensa de nuestro entorno y la incorporación de Chile al acuerdo. ¡Seguimos avanzando en democracia ambiental!”, escribió.
Según el informe “Acuerdo de Escazú: así evolucionan las posturas de Chile, Colombia, Perú, México o Brasil respecto a su adopción”, desde el año 2014 Chile participó activamente en el desarrollo del Acuerdo de Escazú, asumiendo en dicho año la presidencia de la comisión encargada de la negociación del acuerdo, junto a Costa Rica. Sin embargo, en septiembre de 2020 el Gobierno comunicó que consideraba “inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú” por tener normas de “carácter ambiguo”.
El Salvador continúa sin firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú
Pese a que entró en vigencia el 22 de abril de 2021, hasta la fecha El Salvador no ha firmado ni ratificado el acuerdo regional, una contradicción pues fue de los países que participó activamente en su elaboración.
El acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y la apertura a la firma se realizó en la sede de las Naciones Unidas, Nueva York, el 27 de septiembre de 2018. El plazo para firmarlo cerró en septiembre del 2020 y ahora la única vía es la adhesión. En la normativa interna, El Salvador establece que la adhesión a un instrumento internacional debe venir con la firma del Ejecutivo, luego el proyecto debe ser discutido por la Asamblea Legislativa.
Virginia Roque, integrante del Movimiento Ecofeminista, considera que la Asamblea Legislativa con mayoría simple puede firmar y ratificar en un solo paso la integración del país al Acuerdo de Escazú.
“La Asamblea Legislativa como hacedora de la ley podría firmar el Acuerdo de Escazú, se reúne con mayoría simple y toma la decisión de los diputados y diputadas de ser parte del Acuerdo de Escazú y se firma esa integración”, dijo la ambientalista.
“Solo así podríamos ser un Estado parte (…), pero para eso debe de haber una voluntad política”, señaló.
Esta adhesión garantizaría a la población salvadoreña el cumplimiento de los derechos de acceso a la información, participación y justicia.
