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Comunidades indígenas y organizaciones defensoras del medio ambiente y de derechos humanos, presentaron escrito ante la Cámara Ambiental sobre caso octava represa en el Río Sensunapán, Nahuizalco.
Este día presentaron un escrito ante el tribunal para que se les reconozca como parte en el proceso judicial que lleva a cabo.
Señalaron que por ser directamente afectadas y porque el Estado salvadoreño no los reconoció como actores relevantes en la gestión del río Sensunapán en la consulta pública impulsada en 2013, las comunidades indígenas deberían de participar en el proceso judicial.
El artículo 25 de la Ley de Medio Ambiente señala que tienen derecho a participar y a ser
consultados al existir iniciativas económicas que pretenden ser impulsadas en las comunidades, así como el art. 63 de la Constitución reconoce la existencia como pueblos originarios y obliga al Estado salvadoreño a mantener y desarrollar la cosmovisión, valores e identidad.
«Como comunidades indígenas hemos mantenido una relación ancestral con el río e identificamos en sus orillas diversos lugares sagrados, cinco de los cuales serían afectados por la instalación de la Nueva Nahuizalco II», expresaron las comunidades indígenas en el comunicado.
Consideran que este proceso judicial debe incluir la voz de las comunidades indígenas , apartándose de la histórica invisibilización a la que han sido sometidos.
«Además de ser el río Sensunapan un elemento sagrado para nuestra cosmovisión, usamos
sus aguas para las actividades domésticas, la agricultura a pequeña escala, la recreación y
la pesca por lo que la ejecución de este proyecto tendría un impacto sobre nuestros medios de vida», manifestaron las comunidades indígenas.
Las comunidades indígenas y las organizaciones defensoras del medio ambiente solicitan a la sede judicial:
I. Que las autoridades judiciales les tengan por parte en este proceso que involucra sus derechos culturales y ambientales.
II. Además solicitan que se reconozca el derecho de las comunidades y organizaciones
indígenas a ser consultadas de manera oportuna, libre e informada; así como su derecho a decidir sobre el tipo de iniciativas productivas que se impulsan en su
contexto comunitario.
III. También piden al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Medioambiente, quienes
participaron en la inspección realizada por la Cámara Ambiental que presenten los
requeridos informes, siendo rigurosos y velando por los derechos culturales y
ambientales de las comunidades, apegándose a su mandato.
El marzo del presente año la Cámara Ambiental reactivó el caso Represa Nuevo Nahuizalco II en Río Sensunapán, a raíz de un aviso de denuncia presentado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), contra los Ministerios de Medio Ambiente y Cultura, por vulneraciones a derechos culturales y derecho de participación ciudadana en la gestión ambiental de los habitantes de Nahuizalco, que podrían verse afectados con la construcción de una presa a las orillas del Río Sensunapán.
