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Ilustración tomada de El País
Ordena una serie de reparaciones que el Estado debe cumplir.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) dio a conocer hoy su sentencia sobre el caso de una trabajadora sexual trans que fue presuntamente asesinada por policías hondureños durante el toque de queda impuesto en el contexto del golpe de Estado de 2009.
“En el presente caso, el Tribunal constató que existían varios indicios de la participación de agentes estatales que apuntan a una responsabilidad del Estado por una violación al derecho a la vida y a la integridad de Vicky Hernández”, dijo el comunicado de la corte.
De acuerdo con la corte, el Estado reconoció durante la audiencia que no dirigieron una investigación adecuada sobre el homicidio de Hernández. Además, se estableció que el Estado no consideró que las mujeres trans y trabajadoras sexuales vivían en un ambiente de discriminación y violencia policial.
Por tanto, la corte declaró que Honduras violó los artículos 1.1, 3, 4.1, 5.1, 7, 8.1, 9, 11.2, 11.2 13, 18, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, le mandató al Estado realizar ciertas reparaciones:
i) publicar la Sentencia de la Corte Interamericana y su resumen; ii) promover y continuar las investigaciones sobre el homicidio de Vicky Hernández; iii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; iv) otorgar una beca de estudio a Argelia Johana Reyes Ríos, sobrina de Vicky Hernández; v) realizar un audiovisual documental sobre la situación de discriminación y violencia que experimentan las mujeres trans en Honduras; vi) crear una beca educativa “Vicky Hernández” para mujeres trans; vii) crear e implementar un plan de capacitación permanente para agentes de los cuerpos de seguridad del Estado; viii) adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género que permita a las personas adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género auto-percibida; ix) adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia; x) diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI, y xi) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones y costas y gastos.
