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Por Perla Aguilera, periodista VOCES
Organizaciones nacionales e internacionales sostuvieron que la no participación de delegados del gobierno salvadoreño en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el pasado 23 de junio, es evidencia de «la falta de responsabilidad y disposición en dar cuentas” sobre las violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción.
“Es extremadamente preocupante la ausencia del Estado en esta audiencia, pero también la veo como muy indicativa de un cierre paulatino de El Salvador al escrutinio internacional (…) La Comisión no es la única que ha venido destacando su preocupación alrededor del deterioro de la institucionalidad democrática en El Salvador”, manifestó el comisionado de la CIDH, Joel Hernández.
La coordinadora regional de trabajo de incidencia de Amnistía Internacional, Belissa Guerreo Rivas, afirmó que esta es la segunda vez que el gobierno del presidente Nayib Bukele desatiende el llamado de la CIDH.
El Art. 1 de Constitución decreta que “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”.
En ese sentido, «las organizaciones de la sociedad civil queremos que el Estado cumpla con su rol garante de derechos establecido en el Art 1. de la Constitución, y solo pasará cuando los funcionarios actúen respetando la constitución y las leyes evitando el uso arbitrario del poder”, aseveró el director de acceso a la justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Héctor Carillo.
Las organizaciones señalaron que, a pesar del constante acoso y ataques por parte del gobierno, permanecerán exigiendo respuestas por los abusos de poder que se siguen cometiendo en el marco del régimen de excepción, como detenciones arbitrarias, maltratos, muertes en prisión, entre otros.
Organizaciones como Cristosal sostienen que estas violaciones a derechos humanos podrían acarrear juicios internacionales al Estado salvadoreño, pues pueden configurarse como crímenes de mesa humanidad.
