VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
“Hasta la fecha no hay respuesta. Vemos una acción pasiva de la Procuraduría”, sostuvo Ivania Cruz, de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC).
Cruz lamentó que, a seis meses de presentar una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por el caso del desalojo arbitrario de alrededor de 60 comerciantes junto a sus familias de la playa Costa del Sol, San Luis La Herradura en La Paz, la institución no ha mostrado avances. Incluso, las víctimas del desalojo no han sido entrevistadas, señaló.
“Nos preocupa la falta de respuesta”, añadió.
El caso se trata de desalojos arbitrarios que tuvieron lugar en mayo de 2024 en contra de comerciantes. La organización registró quema de puestas de venta y ramadas en la playa. Sobre estas acciones, comerciantes acusan a Armando Girón, alcalde de La Paz Centro y al jefe de Catastro de la misma alcaldía, César Ticas.
Girón fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) durante el mismo mes por el delito de «contaminación ambiental” debido a la quema de decenas de ramadas, puestos de ventas y mobiliarios de comerciantes en la playa Costa del Sol. Sin embargo, a mediados de junio la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente le otorgó medidas sustitutivas a la detención.
La abogada Cruz detalló además que recientemente el Juzgado Ambiental de San Salvado ordenó el desalojo de las ramadas que aún estaban en pie en la playa y que no fueron quemadas, dándoles un plazo de dos meses a los comerciantes dueños para retirarse. Indicó también que, pese a que la alcaldía prometió reubicar a los vendedores y resarcir los daños, a la fecha, no ha cumplido.
“La alcaldía fue responsable de estos daños y deben pagar”, dijo.
Con edición de Diego Hernández.
