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“Con profunda tristeza y sincera gratitud dirijo a usted para comunicarle mi decisión de renunciar al cargo de Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, cargo que he desempeñado con orgullo, responsabilidad y compromiso”, fueron las palabras que dirigió Andrés Guzmán Caballero al presidente inconstitucional Nayib Bukele en una carta firmada el pasado 15 de mayo.
La carta fue publicada el 18 de mayo por Caballero en su cuenta oficial de X, confirmando al público su renuncia del cargo que fue creado hace dos años: el 19 de mayo de 2023, por Bukele.
Al momento de su juramentación, el colombiano fue presentado como un abogado experto en tecnología, con especialización en “Derecho de Nuevas Tecnologías de la Escuela de Leyes” en Nueva York y quien figuró como “Defensor Delegado para los Derechos en los Entornos Virtuales y la Libertad de Expresión” en su país natal.
“Con este nombramiento, el Gobierno de El Salvador seguirá reafirmando su compromiso por los derechos humanos de la población, que por décadas fue excluida por el poder político, organizaciones no gubernamentales y representantes de la comunidad internacional que antepusieron sus intereses al bienestar de los salvadoreños”, se leyó en un comunicado oficial publicado por la Casa Presidencial en mayo de 2023.
731 días en silencio por las violaciones a derechos humanos
Entre las atribuciones que poseía el comisionado se encontraba mantener un diálogo permanente con distintos actores y sectores de la sociedad civil sobre temas de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, procuradurías, organizaciones defensoras de derechos humanos “para promover los avances en la materia y su debido seguimiento en los ámbitos nacional e internacional”, según el decreto firmado en Casa Presidencial que creó el cargo.
Diversas organizaciones y personas defensoras de derechos humanos aseguraron que dicho rol no se cumplió.
Idalia Zepeda, abogada de la Asociación Salvadoreña para los Derechos Humanos (ASDEHU) y quien acompaña al Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, manifestó a este medio que durante la gestión de Caballero solicitaron entablar diálogo para expresar las situaciones de familiares de personas desaparecidas en el país.
“Como Asociación y como Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas no tuvimos el espacio para interlocutor. El Bloque de Búsqueda solicitó espacios de diálogo con él, así como con otras autoridades del Estado, sobre todo para buscar respuestas a sus casos, pero además soluciones a todos los procesos y las consecuencias que ha traído a las vidas de las familias al tener una persona desparecida. Lamentablemente no se logró”, dijo.
La abogada señaló también que el único espacio en el que pudieron escuchar la postura del comisionado respecto del fenómeno de desapariciones en El Salvador, aunque en el marco del régimen de excepción, fue en una audiencia en materia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sostenida el 9 de noviembre de 2023, donde negó que existieran desapariciones forzadas en el país.
“Lo que no es oficial no tiene ninguna credibilidad, ni sustento. En el gobierno de Nayib Bukele se logró extinguir delitos como el secuestro, la desaparición forzada y desapariciones por parte de los grupos criminales”, dijo el comisionado.
Para la abogada, el rol que desempeñó Caballero fue caracterizado por la negación de este tipo de hechos. “No ha representado aquel papel que hubiéramos querido tener, ni para las organizaciones sociales, ni para las víctimas”, señaló.
Sobre el tema de desapariciones, Eneida Abarca, la madre de Carlos Abarca, quien desapareció el 1 de enero de 2022, también intentó iniciar un diálogo con el comisionado. Presentó cartas en septiembre de 2024, pero no fueron respondidas.
“Tocamos la puerta varias veces. Posteriormente a la carta se visitó y se escribió a un correo que brindaron. No ha habido respuesta. Para mí no dio cumplimiento a sus obligaciones. La labor de él creo que ha sido una labor invisible, se va sin dar repuestas, sin dar una rendición de cuentas”, expresó Abarca.
El Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción fue otro espacio amplio que intentó el mismo objetivo, pero la repuesta fue igual. Incluso, el MOVIR recolectó alrededor de 258 arraigos de víctimas, los cuales fueron presentados en la oficina del comisionado, pero no hubo avances en los casos, según Samuel Ramírez, representante del movimiento.
“A pesar de que reconoció que recibió esa documentación no hemos visto que se hayan liberado. Consideramos que la renuncia de Andrés Guzman significa que fue un total fracaso. Reconoció que no pudo hacer nada por las víctimas por más que él haya dicho que no había violaciones a los derechos humanos, que no había personas inocentes capturados en las cárceles”, aseveró Ramírez.
El gremio de periodistas, representado por la Asociación de Periodismo de El Salvador (APES) en diciembre de 2024, luego del allanamiento a la vivienda de la periodista de Bálsamo Radio TV, Mónica Rodríguez por parte de elementos de la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República, también presentaron el caso al Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión.
Sergio Aráuz, actual presidente de APES, aseguró que únicamente recibieron una carta en la que daba por recibida dicha información. “El señor Guzmán tuvo un desempeño mediocre, únicamente sirvió para limpiar la cara de un gobierno autoritario ante la comunidad internacional y las organizaciones que están pendientes de los graves abusos y violaciones a los derechos humanos”, manifestó sobre la labor de Caballero.
Andrés Guzmán Caballero fue el rostro que representó al Estado salvadoreño en distintos espacios de diálogo sobre derechos humanos. Por ejemplo, el 15 de julio de 2023, la CIDH sostuvo una audiencia sobre derechos humanos y el estado de excepción. Estuvieron presentes organizaciones de sociedad civil y representantes estatales, entre estos Caballero.
Durante la audiencia, el comisionado rechazó “de forma general y clara las afirmaciones que han hecho las diferentes personas que se han referido esta mañana al hecho de que en El Salvador existen torturas, que existen violaciones a la libertad de expresión, que existen seguimientos o algún tipo de acosos contra periodistas”.
Solo tres meses después del caso de la periodista Mónica Rodríguez, la corresponsal para el medio alemán Deutsche Welle (DW), la periodista Alba Miriam Amaya informó que había salido de El Salvador junto con su familia debido al temor que sintió por su seguridad producto del trabajo que desempeñó como periodista.
Amaya aseguró que durante una entrevista que le realizó al mismo comisionado presidencial le comentó que sentía temor por su seguridad en el marco de su labor como periodista. «No vi interés de Andrés Guzmán en darle seguimiento a lo que le expuse”, dijo.
De acuerdo con el último informe de APES, entre 2022 y 2024 un total de 25 periodistas salieron del país. Recientemente, al menos siete periodistas de El Faro también optaron por salir, luego de conocer que presuntamente la Fiscalía habría preparado órdenes de captura en su contra días después de publicar una investigación en la que dos exlíderes de grupos criminales en el país involucran al entorno de Nayib Bukele, desde sus inicios como alcalde San Salvador, en pactos con los mismos grupos.
El 15 de julio de 2024, en otra audiencia con la CIDH sobre el estado de los derechos humanos en El Salvador, el comisionado volvió a negar las graves violaciones que organizaciones de sociedad civil han documentado continuamente durante el régimen de excepción.
“En El Salvador no hay torturas. Aquí no se asesinan personas”, dijo entonces respecto de las muertes dentro de centros penales y añadió que las personas, cuando están privadas de libertad, se enferman y tienen otros tipos de problemas, que los llevan a una muerte natural.
Verónica Reyna, directora del área de Derechos Humanos del Servicio Social Pasionistas (SSPAS), coincidió en que el rol de Caballero estuvo caracterizado por un “negacionismo” e intentos de ocultar las graves violaciones a derechos humanos. Indicó también que en ningún momento acompañó a las organizaciones, a periodistas o defensores de derechos humanos.
“No hay ninguna institución que permita proteger a las personas defensoras, que permita proteger a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y tenemos un Estado cada vez más agresivo”, cuestionó Reyna al señalar que ni el comisionado entonces, ni instituciones como la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) vigilan o protegen los derechos humanos en el país.
VOCES contactó a la oficina del Comisionado Presidencial mediante el número de contacto que brindaba dirigido a la secretaría, pero la persona quien contestó la llamada indicó que esta se encuentra «cerrada temporalmente» y que se desconocía quién estaría al cargo tras la renuncia de Andrés Guzmán Caballero.
Caballero quedará en la historia como el Comisionado Presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión asignado por Nayib Bukele para defender derechos humanos en un país que encarcela defensores de defensores de derechos humanos, ambientalistas, abogados, sindicalistas, transportistas, líderes sociales, líderes comunitarios, madres buscadoras e integrantes de colectivos de mujeres, un hijo de líder indígena, un escritor, un periodista, y cientos de civiles inocentes que el mismo Estado ha reconocido su inocencia al ser liberados de las cárceles salvadoreñas. Entre estos, el caso de la defensora de derechos humanos, Ruth López; el abogado y defensor de derechos humanos, Alejandro Henríquez; el vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Fidel Zavala; el periodista comunitario, Víctor Barahona, entre otros.
Ante estas situaciones y su deber de promover los derechos humanos, Caballero, en dos años, aseveró entre otras cosas que: las personas privadas de libertad “tienen que morirse de algo” y les propuso a las mujeres salvadoreñas tener clases de boxeo y empoderarse para reducir la violencia de género en El Salvador.
Con edición de Diego Hernández
