sábado , junio 25 2022

Denuncian cancelación de más organizaciones civiles en Nicaragua

Ya suman más de 136 organizaciones de la sociedad civil canceladas. El pasado 17 de marzo la medida aprobada en la Asamblea Nacional afectó también al Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, una organización con 30 años de trabajo en defensa de mujeres, niñas y adolescentes de Nicaragua.


La Articulación Feminista de Nicaragua denunció que más organizaciones de la sociedad civil nicaragüense fueron canceladas por el “régimen dictatorial” del presidente Daniel Ortega.

Hasta el momento “han cancelado las personerías jurídicas de más de 136 organizaciones de la sociedad civil”, entre universidades privadas, medios independientes de comunicación, centros de educación que trabajan con niñas, niños y adolescentes en condiciones de pobreza, asociaciones y fundaciones sin fines de lucro que promueven la salud comunitaria, los derechos de la niñez y adolescencia, los derechos socio-ambientales, los derechos de comunidades indigenas y el desarrollo local, dijo la organización feminista en un comunicado.

Como parte de “una nueva ola represiva” al menos seis organizaciones de mujeres con larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes han sido canceladas el pasado 17 de marzo, cuando la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), afectó a un total de 25 organizaciones más.

Estas acciones “tienen como fin último desarticular cualquier forma de participación ciudadana que opere fuera de control del régimen Ortega Murillo”, añadieron.

Entre las últimas organizaciones canceladas están el Colectivo de Mujeres 8 de marzo, “que durante tres décadas ha desarrollado procesos de empoderamiento con mujeres urbanas y rurales, independientemente de sus afiliaciones políticas”.

También fue cancelado el Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) “que durante más de dos décadas ha defendido los derechos de los pueblos indigenas en el marco del régimen de autonomía reconocido en la Constitución Política de Nicaragua”, se consignó en el comunicado.

La Articulación Feminista afirmó que estas acciones constituyen “una nueva violación al derecho de libre asociación de las y los nicaragüenses”, al tiempo que expresaron “su solidaridad, no solo con titulares, trabajadores y trabajadoras de estas organizaciones de la sociedad civil, sino con miles de personas, familias y comunidades que están siendo privadas de recursos, conocimiento y servicios brindados por estas organizaciones”.

“Alentamos a la sociedad nicaragüense a seguir encontrando nuevas formas de resistencia para defender el derecho a vivir con libertad y en democracia”, expresó el colectivo feminista.

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