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Representantes de pueblos indígenas y organizaciones, acompañadas por la PDDH , denunciaron intenciones de aprobación de nueva represa sobre el río Sensunapán, Sonsonate.
Ante la amenaza de la aprobación y ejecución del proyecto “Nuevo Nahuizalco II” en el río Sensunapán, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), las organizaciones indígenas y sociales, sostuvieron que el río Sensunapán es un sitio sagrado para las comunidades indígenas, ya que en él se alberga el sustento de una incalculable biodiversidad y espiritualidad con la que los pueblos han coexistido en el transcurso de miles de años, hasta hoy.
Cabe mencionar que en el tramo del río Sensunapán, son 11 los sitios sagrados identificados, con vocación ceremonial e histórica entre naturales y construidos, los cuales ostentan su sacralidad desde la cosmovisión de las comunidades indígenas. Además, en su cuenca, han sido identificadas fosas en las cuales descansan los restos de muchos de los abuelos y abuelas de las comunidades que habitaron a las orillas del mencionado río, los cuales fueron masacrados en 1932.
Sin embargo, señalaron que a la fecha, el Ministerio de Cultura ha dejado de lado el acompañamiento a su reconocimiento, protección e incorporación al patrimonio cultural del país.
«Por el contrario, ha otorgado la renovación de la factibilidad para la ejecución del proyecto “Nuevo Nahuizalco II”, y no ha cumplido con lo solicitado en las Medidas Cautelares emitidas por la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos; con dichas acciones desvirtúa el valor que el río representa y vulnera los derechos de la población indígena, la cual ostenta reconocimiento constitucional», sostuvieron las organizaciones.
Por su parte, los representantes mencionaron que es preocupante que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) sigue bajo la directriz de la aprobación de proyectos que transgreden derechos humanos y causan fuertes estragos en el medio ambiente, «bajo la premisa falsa que el desarrollo no puede ser detenido» , vulnerando a su paso derechos como el de consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones indígenas y el derecho de la población a ser informada sobre la gestión ambiental.
