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“Retardación, negación y omisión” de la verdad y justicia es lo que caracteriza al caso de El Calabazo, en donde más de 200 personas civiles en San Esteban Catarina, San Vicente, fueron masacradas por la Fuerza Armada de El Salvador en 1982. Cristosal y organizaciones de víctimas responsabilizaron de la impunidad en el caso a la disfuncionalidad del sistema de justicia en el país.
“La forma de proteger a los responsables de esta masacre y como de muchos otros crímenes de guerra en El Salvador es a través de la disfuncionalidad del sistema de justicia. Ni los tribunales, ni la Fiscalía General de la República han demostrado interés y seriedad para profundizar en las investigaciones”, aseguró el jefe de justicia transicional de Cristosal, David Morales.
Desde Cristosal han instado al Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Vicente, donde se ventila el proceso, llevar a cabo diligencias como requerimientos para la apertura de los planes y archivos militares del periodo del conflicto armado y la acreditación de peritos especializados, pero no ha existido respuesta favorable.
Destacaron también que a pesar de que, en septiembre de 2023, el tribunal dictó órdenes de detención en contra de dos de los imputados: el exministro de Defensa, el general José Guillermo García y al excomandante de la Fuerza Aérea, Rafael Bustillo; el mismo juzgado omitió girar los oficios de detención a la Policía Nacional Civil, por lo que la detención no se efectuó.
El jefe de Estado Mayor, Rafael Flores Lima, el comandante del Destacamento Militar No. 2, Sigifredo Ochoa, y el comandante del BIRI “Ramón Belloso”, Antonio Méndez también figuran entre los acusados. Los primeros dos fallecieron durante el proceso.
Asimismo, lamentaron que, a la fecha, Fiscalía no ha presentado resultados de investigación en contra de los acusados y la Corte Suprema de Justicia no garantiza la “plena capacidad” del tribunal a cargo del caso.
“Desde el 92 hemos venido buscando respuestas a las denuncias interpuestas por las personas que sobrevivieron a esa masacre. Hoy, después de cuatros décadas, lo que exigimos es que operen la justicia en favor de las víctimas”, aseveró Carolina Constanza, del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”.
