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José Adrián Rochac, quien desapareció mientras la Fuerza Armada y elementos de la defensa civil realizaban un operativo contrainsurgente en diciembre de 1980 en San Martín, San Salvador, fue reunificado con su familia biológica a través de una investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) junto con la Asociación Pro-Búsqueda.
“Ante el caso resuelto a través de la investigación realizada por la Fiscalía General de la Republica de El Salvador, Pro-Búsqueda junto a la familia consideran de gran relevancia el que después de tantos años de búsqueda, y la negación a las autoridades tanto a investigar el caso como a brindar la información necesaria, por fin se hayan realizado las diligencias correspondientes para la identificación y la reunificación del entonces niño José Adrián -ahora una persona adulta- con su familia de origen”, dijo la Asociación Pro-Búsqueda, junto con la familia biológica, en un escrito compartido a VOCES.
De acuerdo con la organización y la familia, esperan que esta acción pueda ser utilizada para brindarle “seguimiento” a otros casos similares de desaparición forzada.
Además, afirmaron que el Estado cumple con una de las obligaciones que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó a El Salvador en 2014 cuando declaró culpable al Estado de múltiples violaciones a derechos humanos de las personas desaparecidas en el caso Rochac Hernández y de sus familias.
Una de las formas de reparación de la sentencia obligaba al Estado a realizar la búsqueda de las personas desaparecidas. “efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda seria, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de José Adrián Rochac Hernández, Santos Ernesto Salinas, Emelinda Lorena Hernández, Manuel Antonio Bonilla y Ricardo Abarca Ayala, así como adoptar todas las medidas adecuadas y necesarias para la restitución de la identidad en caso de encontrarse con vida”, menciona el texto.
“Se han realizado los peritajes de biología necesarios para poder establecer que estamos ante la persona desaparecida aquel 12 de diciembre de 1980 y efectivamente los resultados dieron un 99.99% de probabilidad que nos encontramos ante al joven desaparecido”, explicó el fiscal del caso.
Por otra parte, Pro-Búsqueda dijo que el Estado también debía seguir con sus labores investigativas para determinar las responsabilidades pertinentes de las desapariciones forzadas en el caso Rochac Hernández y los muchos otros que señalan como victimarios a las Fuerzas Armadas.
“Se exhorta al Estado salvadoreño a cumplir con el seguimiento de la investigación, como lo menciona el Fiscal a cargo del caso en sus declaraciones, para lograr deducir las responsabilidades de tan graves crímenes contra la humanidad cometidos con esta familia, y se reitera el compromiso de la Asociación Pro-Búsqueda, como parte de la sociedad civil, a continuar aportando los elementos necesarios para esclarecer los hechos de más familias que transitan el mismo camino”, dijo Pro-Búsqueda.
