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A un amplio catálogo de formas de desaparición que históricamente ha sufrido la sociedad salvadoreña desde el conflicto armado y con el surgimiento de los grupos delictivos se le suma una nueva figura: “persona detenida-desaparecida” que surge en el marco del régimen de excepción, las capturas masivas y la falta de información en el proceso, aseveró en un reciente estudio la investigadora salvadoreña Jeannette Aguilar.
“Como agravante de esta pluralización de las formas de desaparición, en el último año ha resurgido la figura de la persona detenida-desaparecida, en el marco de las detenciones ilegales masivas realizadas de forma sistemática por el Estado salvadoreño durante el régimen de excepción que entró en vigor desde marzo de 2022”, sostuvo la investigadora en el estudio.
El estudio sobre normas y proceso de búsqueda de personas desaparecidas, especialmente mujeres en El Salvador: “La Ruta crítica de las mujeres que buscan a sus personas desaparecidas”, fue presentado por Aguilar ayer durante un conversatorio del Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador previo a inaugurar un seminario con organizaciones centroamericanas, México y Colombia.
En el estudio, Aguilar expuso cómo el fenómeno de la desaparición en El Salvador están inmersas en una total impunidad, que como consecuencia se han reproducido en un amplio catálogo.
Desde marzo de 2022, la Asamblea Legislativa ha continuado mes con mes prorrogando la medida del régimen de excepción que mantiene suspendidos una serie de derechos y garantías constitucionales.
Asimismo, en función de la medida, el Órgano Legislativo ha aprobado una serie de reformas penales y judiciales, permitiendo que personas capturadas permanezcan por largos periodos en los centros penales y llevados a juicios junto con grupos numerosos.
En este contexto, organizaciones de derechos humanos han condenado y denunciado que cientos de personas son capturadas arbitrariamente vulnerando sus derechos humanos. En la transición de captura e integración a los centros penales, los familiares de estas personas han desconocido sus paraderos incluso durante meses.
A juicio de Aguilar es necesario que el régimen de excepción sea derogado debido a que esta medida “ha institucionalizado la práctica de la desaparición forzada mediante la adopción de una política de detenciones arbitrarias masivas, en la que las familias no son informadas de la suerte y el paradero de sus seres queridos”, señaló en el estudio.
Agregó que el Estado salvadoreño debe cumplir con su deber de informar oportunamente a las familias de las personas detenidas sobre los lugares donde se encuentran guardando detención, así como de los traslados, enfermedades, hospitalizaciones y fallecimientos que puedan ocurrir bajo la custodia del Estado. Asimismo, debe reconocer la responsabilidad de agentes del Estado en la práctica de desaparición forzada, investigar y procesar a ejecutores materiales y autores intelectuales, indemnizar a las víctimas y adoptar medidas que prevengan y garanticen su no repetición
Hasta la fecha son cerca de 72,000 las personas capturadas en el marco del régimen de excepción por supuestos vínculos a grupos delictivos. Cerca de 5 mil han sido liberadas, según declaraciones de Gustavo Villatoro, ministro de Justicia.
Asimismo, organizaciones sostienen que 173 personas han fallecido dentro de los centros penales bajo tutela del Estado salvadoreño, algunos con señales de golpizas y violencia en sus cuerpos. 142 casos fueron archivados por la Fiscalía General de la Republica, alegando que fueron muertes naturales.
Con edición de Diego Hernández
