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En vísperas del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (30 de agosto), el Grupo de Trabajo por las Personas Desaparecidas en El Salvador, junto a madres y familiares víctimas de este fenómeno, emprendieron un seminario de dos días para compartir y conocer sus experiencias en Centroamérica, México y Colombia, en donde las luchas y exigencias permanentes han logrado avances en la materia.
“Memoria y verdad: búsqueda y justicia ante las desapariciones”, así se nombró el seminario que fue inaugurado ayer y finalizó este día.
El objetivo de estas jornadas es que las madres, padres y familiares de personas desaparecidas en El Salvador analicen y sensibilicen a los diferentes sectores sociales inmersos sobre el derecho de búsqueda integral ante la desaparición.
Lo anterior, con énfasis en los impactos de las mujeres, que son en su mayoría quienes asumen el rol de buscadoras, según las organizaciones.
«Hemos finalizado el seminario muy contentas del aprendizaje que hemos recibido a partir de las ponencias y exposiciones de los y las representantes de las delegaciones de Colombia, Ecuador, México y varios piases centroamericanos que nos pudieron compartir su valiosa historia, sus logros, sus avances en materia de legislación, de políticas públicas, de institucionalidad y organización. Estamos satisfechos y satisfechas de haber realizado este seminario con éxito», sostuvo Idalia Zepeda, abogada y defensora de Derechos Humanos de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), que acompaña a familiares de personas desaparecidas.
«Creemos que se ha logrado el objetivo de posicionar el tema, de poder responder con propuestas frente a una problemática tan amplia, tan complicada y tan adversa; y, sin duda, poder generar propuestas para que el Estado funcione a partir de legislación que sigue siendo necesario, de políticas públicas que están todavía como deudas de este país y siempre poniendo al centro los derechos humanos de las víctimas. Y, por supuesto, la búsqueda urgente de las personas desaparecidas y de la verdad, la justicia, y la reparación para las víctimas», agregó.
En El Salvador, las organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que entre 2019 y el primer semestre de 2022, las víctimas de desaparición rondan en 6,443. De estos, cerca 2,397 podrían ser casos activos, dijeron.
De enero a marzo de 2023, la Policía Nacional Civil (PNC) documentó 132 casos de personas que fueron declaradas desaparecidas, según las organizaciones. Sin embargo, del segundo semestre de 2022 hasta la actualidad, el número total de víctimas de desaparición y el incremento o disminución de casos activos es imposible determinar debido a las reservas de información impuestas por el Estado.
De acuerdo con Henri Fino, abogado y director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el total de desapariciones por detención durante el régimen de excepción solo será posible conocerlo hasta que esta termine.
Por otra parte, las organizaciones de derechos humanos aseveraron que continúa la falta de voluntad e interés del Estado salvadoreño en garantizarles justicia a los familiares de personas desaparecidas. Esto debido a que políticas integrales de búsqueda y alertas tempranas, la aprobación de leyes como la Ley de Creación del Sistema de Personas Desaparecidas (archivada sin estudiar por parte de diputados de Nuevas Ideas), entre otras normativas en favor de las victimas desaparecidas y sus familiares, siguen siendo una deuda.
“Esta ausencia de políticas integrales y de normativa acorde a la cruda problemática de personas desaparecidas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario es una deuda que tiene el Estado salvadoreño con las familias de las víctimas de desaparición, quienes esperan verdad, justicia y reparación integral y psicosocial”, aseveraron las organizaciones en un comunicado.
Las organizaciones que integran al Grupo de trabajo de personas desaparecidas en El Salvador son Alerta Raquel, ASDEHU, Cristosal, Fundación para el Debido Proceso, FESPAD, IDHUCA, ORMUSA y el Servicio Social Pasionista.
Con edición de Diego Hernández
