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Proponen seguir utilizando Código Procesal Penal de 1974 en caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños


La Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra de la American University Washington College of Law, con el apoyo de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó un amicus curiae a Mirtala Teresa de Portillo Cruz, titular del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, sugiriendo que se le pueda garantizar amplios derechos de intervención en los procesos judiciales a las víctimas de la masacre de El Mozote y lugares aledaños como vía para el acceso a la justicia en un crimen perpetrado hace más de 4 décadas.


“El Juzgado de Instrucción a cargo del caso por la masacre de El Mozote y los lugares aledaños debe actuar con rapidez y otorgar a las víctimas amplios derechos de intervención. Solo así es que el tribunal cumplirá con su obligación constitucional de otorgar a las víctimas el acceso a la justicia que la Constitución exige”, aseveró amicus curiae.


De acuerdo con Sonia Rubio, abogada de DPLF, el recuso tiene como fin sustentar cuáles son las normativas que en este caso de crimen de lesa de humanidad se deben seguir. Esto debido a la existencia de un “dilema jurídico” (relacionados a la temporalidad) sobre si acatar el Código Procesal Penal de 1974, el vigente al momento de la masacre, o la normativa vigente en la actualidad.


Entre el 8 y el 13 diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlácatl, liderado por el coronel Domingo Monterrosa Barrios, masacraron cerca de un millar de civiles en Morazán. El Estado salvadoreño fue condenado en 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la masacre de El Mozote y lugares aledaños.


Las diligencias judiciales iniciaron el 26 de octubre de 1990. De 1993 a 2016, el proceso se mantuvo cerrado debido a la aprobación de la Ley de Amnistía General. En septiembre de 2016 fue abierto nuevamente el caso, pero, a la fecha, el proceso se encuentra detenido tras la renuncia del juez anterior. El caso se ha regido bajo el Código Procesal Penal de 1974.


A 7 años de la derogación la Ley de Amnistía, la Asamblea Legislativa ha incumplido con lo que ordenó la Sala de lo Constitucional en cuanto a regular normativas y crear una ley de justicia transicional que tuviera como centro a las víctimas y sus derechos de verdad, justicia, reparación, medidas de no repetición y memoria histórica.


De acuerdo con David Morales, jefe de la Unidad de Justicia Transicional de Cristosal y abogado en el caso, entre las propuestas de las víctimas y las mismas organizaciones de derechos humanos es que el proceso continúe con el código del 74, tal y como se ha ejecutado desde sus inicios. Luego de agotarse la etapa de instrucción, que pueda llevarse adelante con normas y estándares que garanticen de mejor manera los derechos de las víctimas, como son los estándares del Código Procesal Penal de 2011.


La universidad explicó en el recurso que el Código Procesal Penal de 1974 es el que se aplica en el caso de El Mozote por haber sido iniciado bajo esta normativa y que es esta normativa la que otorga a las víctimas y a sus representantes la capacidad de iniciar un caso sin intervención fiscal e incluso actuar “como actores procesales dentro del mismo”.


Destacó además la base jurídica en que se habilita el derecho a la intervención de las víctimas y sus querellantes, principalmente a ser oídas, ser informadas, a sugerir líneas de investigación, e, incluso, a recurrir a la inacción procesal cuando esta ocurre.


Asimismo, sostuvo que una serie de tratados internacionales son vinculantes para El Salvador y sobre este caso de crimen de lesa humanidad porque reconocen el derecho de las víctimas al acceso efectivo a la justicia. Entre estos subrayó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en inglés), la Convención Americana, Convención interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, incluidos las sentencias de la Corte IDH en la materia, entre otros.


Por tanto, el proceso debe seguir regido bajo el mismo código, pero como los derechos de las víctimas van mucho más allá de los establecidos en el código de 1974, debe regirse también bajo los estándares internacionales en materia de derechos humanos, concluyó la institución académica. “Así deben ser garantizados en los procesos penales”, acotó.


El juicio de la masacre de El Mozote ha implicado la acusación de 17 exmiembros de la Fuerza Armada por 9 delitos, entre los cuales se incluyen homicidios agravados, tortura y violación sexual. Entre los acusados se encuentra el general José Guillermo García, quien al momento de la masacre figuró como ministro de Defensa.


Este último fue capturado a finales de 2022 debido a la orden de la jueza a cargo del caso de la emboscada y asesinato de 4 periodistas holandeses en 1982. Actualmente, permanece custodiado en un hospital privado.


A juicio de David Morales, este amicus curiae es relevante en este momento porque el caso de la masacre de El Mozote “ha caído en una situación de estancamiento procesal, en el cual las investigaciones no sólo no se profundizan, sino que parecen estar estancadas sin avanzar a la etapa plenaria, pese a que hay una sólida prueba acumulada durante muchos años, y particularmente en los últimos seis años, desde que el caso fue reabierto”.


El amicus curiae fue presentado el pasado 21 de julio al Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera. Este es el segundo recurso que presenta la universidad al respecto de este caso. En su primer escrito expuso argumentos de derecho internacional sobre cómo investigar efectivamente los crímenes sexuales cometidos en conflictos armados.

Con edición de Diego Hernández

About David Ramírez

Periodista de VOCES

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