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El paquete de reformas enviadas por la Presidencia de la República se suma a la medida de régimen de excepción decretada el domingo, luego de una escalada de homicidios que, según cifra oficiales, ha sido contenida.
La Asamblea Legislativa aprobó la noche del miércoles un paquete de ocho reformas que endurecen las penas y reorientan millonarios recursos para luchar contra la criminalidad, en medio del ambiente que provocó una ola de asesinatos atribuidos a grupos criminales.
En concreto las reformas aumentan las penas de prisión a pandilleros, incluidos los menores de edad, suprime los derechos procesales a pandilleros y reorientan $80 millones para armas y equipos para los cuerpos de seguridad, así como para dar recompensas por la entrega de criminales.
La reforma al Código Penal suma penas entre 20 y 30 años de prisión para quien forme parte de una pandilla; y de 40 a 45 años si el pandillero es cabecilla, jefe, organizador o financista.
Otra reforma a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo establece penas entre 15 a 20 años de prisión por el delito de organizaciones terroristas (formar parte de las mismas); y de 30 a 40 años de prisión si es organizador, jefe o cabecilla.
Las penas que existentes hasta antes de la reforma por el delito de formar parte de las pandillas oscilaban entre 5 y 14 años de prisión por agrupaciones ilícitas, y de 8 a 15 años de prisión por el delito de organizaciones terroristas.
Todas las reformas penales fueron declaradas de orden público, lo cual las hace retroactivas, informaron los diputados.
Una de las reformas al Código Procesal Penal establece que en adelante es inaplicable el máximo previsto de la detención provisional para delitos menos graves (12 meses) y graves (24 meses), y no permitirá que se apliquen medidas alternas o sustituir la detención provisional en delitos cometidos por miembros de grupos terroristas (maras o pandillas).
Los decretos aprobados incluyen un blindaje a los nombres de jueces, magistrados o secretarios, y que se imposibilite su identificación visual para blindarlos frente a los criminales.
Para los menores de edad, se reformó la Ley Penal Juvenil estableciendo que un menor podrá ser sometido a pena de prisión y que esta podrá ser hasta de 20 años, siendo actualmente el plazo máximo de internamiento de un menor es 7 años y de 15 años cuando los delitos son homicidio agravado, extorsión, secuestro, violación, robo agravado.
Las reformas presupuestarias se dirigieron a destinar $80 millones de la recaudación del IVA y Renta para los ministerios de la Defensa Nacional y de Justicia y Seguridad Pública.
$20 millones se usarán a operaciones del Ejército y apoyo institucional, $60 millones para la compra de armamento, vehículos, uniformes, equipamiento y demás herramientas a las instituciones de seguridad. Con estos recursos también se financiará la Ley de Recompensa y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo para dar recompensas a personas que brinden información de grupos terroristas buscados por las autoridades o que incluso sean capturados por ellas mismas.
