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Son cientos de personas las que ahora aglutinan al Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), un espacio que nació el 16 de agosto de 2022 para visibilizar sus voces y denunciar las graves violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción; una medida insignia del actual gobierno. Se tratan de familiares de víctimas capturadas arbitrarias o ilegalmente, desaparecidas de manera forzosa y otras fallecidas.
“Como todo mundo creímos que el régimen de excepción era necesario, porque las pandillas eran un problema muy grave en el país, pero cuando vimos las capturas masivas de personas que no tenían nada que ver con pandillas nos llamó la atención y a partir de que las víctimas buscaban apoyo y querían que se les escuchara, pero que todas las instancias de gobierno estaban cerradas para ellas, por eso organizamos al MOVIR”, recordó Samuel Ramírez, una de las voces que representa a dichas víctimas, sobre el origen del movimiento.
“MOVIR significa un espacio en donde las víctimas son escuchadas, donde son acompañadas, y que se siente parte de una familia”, expresó a VOCES.
Desde el 27 de marzo de 2022, el poder Legislativo, a petición del poder Ejecutivo, ha mantenido vigente el Estado de excepción, una medida estipulada en el artículo 29 de la Constitución que permite la suspensión de ciertas garantías constitucionales a toda la población. Sin embargo, el mismo marco legal establece que dichas suspensiones no deben exceder los 30 días. La Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, ha aprobado a la fecha 29 prórrogas del régimen de excepción.
El derecho a la defensa, el derecho a la detención administrativa de 72 horas y el derecho a la inviolabilidad de correspondencia y de telecomunicaciones son los tres derechos que continúan suspendidos.
Durante más de 800 días de régimen excepción, las autoridades salvadoreñas han informado de la captura de más de 80 mil personas. En el mismo periodo, organizaciones de derechos humanos como Cristosal y otras han reportado entre 260 y 300 muertes bajo tutela del Estado (dos recién nacidos) y más de seis mil víctimas de violaciones a derechos humanos.
Es en este escenario, enfatizó Samuel Ramírez, que MOVIR ha figurado un rol importante para las víctimas del régimen de excepción. “(MOVIR) se ha encargado de cubrir los espacios que el Estado salvadoreño no está cubriendo con las víctimas y no lo va a hacer porque ellos son los victimarios”, dijo.
Denunció también que pese a que han buscado ayuda de instancias como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Fiscalía General de la República (FGR), al Comisionado Presidencial en Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, e incluso ante Casa Presidencial, no han existido respuestas favorables.
“La lucha es: vamos a continuar con estas denuncias hasta ser escuchados, porque ya 29 meses del régimen no es legal. (El Salvador) no puede llamarse un país moderno, democrático, civilizado, cuando hay una dictadura que tiene sometida a la gente con un régimen que le limita derechos y libertades”, indicó Ramírez a dos años desde la conformación del MOVIR.
Con edición de Diego Hernández
