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“Tengo 44.5 (microgramos por decilitro) de plomo (en la sangre). Tengo pringado los pulmones de plomo y los huesos. Tengo placas que confirmas eso”, cuenta Jorge Alberto Hernández Rivas, de 61 años de edad, ex trabajador de la planta de Baterías de la Sociedad de Baterías El Salvador S.A de C.V (BAES), empresa que a inicios de los años 2000 provocó uno de los más grandes desastres ambientales registrados en el país en las últimas décadas. En el caso conocido como “Batería Récord”, Rivas aún exige justicia a más de 20 años de aquel hecho.
En enero 2024, la esperanza de víctimas como Rivas y otros miles, acompañados de organizaciones como Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández” y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), recobran la esperanza de acceder a la justicia y reparación de los estragos ambientales, comunitarios y en la salud provocados por aquel hecho. Esto debido a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha admitido una denuncia, presentada de 2014, y ha iniciado el proceso para un examen de fondo al respecto.
“La contaminación con plomo en la comunidad Sitio del Niño, en el municipio de San Juan Opico, departamento de La Libertad, conocido como caso «Baterías Récord», tiene una historia de impunidad jurídica, ambiental y social que se mantiene hasta la fecha. Esto ha sido lo que a principios de 2024 la CIDH ha reafirmado, al emitir un informe sobre el caso por violaciones a derechos de las víctimas, incluyendo extrabajadores de Baterías Récord y violaciones a la protección y garantías judiciales de las mismas”, explicó Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal.
UNES, Tutela Legal y una comisión ambiental de la zona afectada estiman que dicha empresa fue responsable de que más de ocho mil personas resultaran afectadas por la contaminación elevada de plomo en comunidades y colonias de Sitio del Niño. A más de 20 años y pese a la magnitud de este desastre ambiental, como lo califican, recriminan al Estado salvadoreño y los diferentes gobiernos que han asumido la administración, incluyendo al actual, la omisión de la responsabilidad de implementar acciones de remediación en la zona y la reparación integral de la salud a la población afectada.
Entre otras cosas, reprochan que tampoco el Estado salvadoreño se ha interesado en investigar la posible responsabilidad de funcionarios de ese periodo por permitir dicho desastre ambiental, los casos de amenazas y persecución de miembros del comité ambiental del Sitio del Niño, las muertes de los habitantes de la zona, extrabajadores y menores de edad por enfermedades relacionadas a la contaminación.
“Lo que queremos es que nos indemnicen”, dijo Rivas, extrabajador de dicha empresa.
Rivas relató que inició a laborar en la empresa de baterías en 1996 y finalizó hasta el año 2007, cuando fue cerrada la planta. Su área era el departamento de fundición. Era el encargado de la refinadora. “Me llevaban el plomo metálico. Ahí sacaban 400 toneladas diarias de plomo metálico. Esa era la producción diaria. Era un monstruo. Ese plomo me lo llevaban a mí a la refinadora. Fundíamos el plomo a 500 grados centígrados. Cuando ya estaba fundido le metíamos un agitador. De ahí le echábamos dos o tres libras de asfalto. Lo volvíamos a girar y limpiaba el plomo que fundíamos y quedaba el plomo puro”, explicó.
Rivas vive a tan solo un kilómetro de aquella planta. A más de 20 años de haber laborado para esta empresa, narra que lo mejor que pudo pasar ante la contaminación que se generaba ahí, fue haberse cerrado. “Cuando cerraron sentimos que nos habían quitado la “cuma”. Es decir, el trabajo. Pero después nos dimos cuenta de que fue mejor, porque si no ya estaríamos muertos”, dijo. Junto a Rivas trabajaban al menos otros 400 hombres, de los cuales, aseguró, muchos murieron ante la alta exposición al plomo.
Otro habitante del Sitio del Niño, Rufo Alejandro de la Cruz, miembro del Comité Ambiental de ese lugar, dice que una de sus hijas fue afectada por la contaminación. “Mi hija mayor salió con un pequeño porcentaje de microgramos de plomo en la sangre y es bien vulnerable a ciertas enfermedades. Aparte de ella también tengo familiares cercanos que estuvieron en el proceso cuando se había judicializado y se hicieron pruebas técnicas gratis y que lo llevaron a hospitales. Las pruebas son caras y no nos alcanza para decirle vamos a hacerle más pruebas. Nos amparamos a que con el tiempo le iba a salir de acuerdo con una alimentación que nos recomendaron, pero no tenemos la seguridad que ha sido así”, relató.
Rufo dijo a VOCES que llegó a la comunidad del Sitio del Niño, junto a su familia, a la edad de cinco años. Él ha visto como la comunidad se ha conformado en el tiempo y con las dolencias de vivir bajo un ambiente contaminado de plomo. Ahí creció y conoció a la mayoría de las personas que viven ahí. Ha visto como muchas de estas han sido diagnosticadas con enfermedades crónicas vinculadas a la afectación ambiental. “Las personas sentían que les lloraba los ojos, la nariz le ardía por las emanaciones de gases. Eso lo viví. (…) Tengo 44 años. A más de 20 años de todo esto, estamos en zozobra. No sabemos qué va a pasar”, añadió.
Díaz, el abogado de Tutela Legal, denunció que en noviembre de 2023 fue capturado en Colombia el empresario José Gurdián Lacayo, uno de los dueños de la empresa de baterías. Dijo estar preocupado porque desconocen si este será extraditado a El Salvador para responder integral y finalmente por los daños causados en el ambiente y la salud de la población. José Lacayo y otros dos empresarios tienen difusión roja por parte de la Organización Internacional de la Policía Criminal (INTERPOL).
Las organizaciones, habitantes de la zona y extrabajadores esperan a que con este hecho (la admisión de la denuncia en la CIDH), el Estado salvadoreño cumpla con la población afectada y finalmente supere la histórica impunidad jurídica, ambiental y social sobre este caso, de que no sea así, señalaron, sería un precedente “nefasto” para la justicia ambiental y para las mismas víctimas.
Con edición de Morena Villalobos
