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La Fundación para el Debido Proceso (DPLF), junto a otras organizaciones defensoras de derechos humanos, presentaron este día un documento ante dos mecanismos de Naciones Unidas detallando cómo en El Salvador ocurren desapariciones de corta duración en el marco del régimen de excepción.
Las detenciones sin orden ni control judicial, incomunicación de detenidos con sus familiares y defensores; la negativa de las autoridades a proporcionar información y la demora sin justificación de ser estos llevados ante un juez, son las principales prácticas que derivan en una desaparición forzada, pero el rango de tiempo puede determinar su categoría como corta o breve. No obstante, sigue siendo una desaparición, mencionan.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID por sus siglas en inglés) considera que “no existe un tiempo mínimo, por breve que sea, para considerar que se ha producido una desaparición forzada”, y que “se debe facilitar sin demora a los familiares información exacta sobre la detención de toda persona privada de libertad y sobre su lugar de detención”.
En el actual escenario de El Salvador, bajo un estado de excepción que continúa vigente desde hace 16 meses, el deterioro institucional, ahondado con múltiples reformas a leyes y estipulaciones judiciales que facilita que personas permanezcan en detención provisional oficiosa sin límite de tiempo, las desapariciones forzadas de corta duración son una realidad, dijeron.
Detalladamente expusieron a los organismos 3 patrones que han identificado en los que las desapariciones son cometidas por agentes estatales.
El patrón que identificaron como el más frecuente, con base a los registros de las mismas organizaciones de vulneraciones a derechos humanos, es cuando las personas son capturadas por la policía en lugares públicos, en presencia de testigos, y posteriormente sus familiares se trasladan a distintos centros policiales a solicitar información, y se niega que la detención haya ocurrido y la ubicación de la persona detenida. Luego de varias semanas o meses, y pese a la insistencia de familiares y a la interposición de habeas corpus, los familiares no tienen ninguna noticia de la persona detenida.
Otro patrón es cuando las personas son capturadas por la policía y/o militares en lugares públicos, en presencia de testigos, y posteriormente sus familiares se trasladan a distintos centros policiales a solicitar información, y se niega que la detención haya ocurrido y también se niega información sobre el paradero de la persona detenida. Luego de varias semanas o meses, y tras mucha insistencia con la policía, los familiares reciben alguna información que les permite encontrar a la persona detenida en un centro penitenciario.
Y el tercero, similar a los anteriores, es cuando las personas son capturadas por la policía o militares en lugares públicos, en presencia de testigos, y posteriormente sus familiares se trasladan a distintos centros policiales a solicitar información y se reconoce oficialmente que la persona ha sido capturada y enviada a un centro penitenciario. Posteriormente la familia no tiene ninguna otra información oficial ni comunicación con la persona detenida, y tras varios meses de buscar nuevamente a su ser querido, se dan cuenta a través del Instituto de Medicina Legal (IML), por personas particulares o empresas funeraria, que su familiar falleció en el centro penal.
“Muchas de estas personas son enterradas en fosas comunes, antes que sus familiares se enteren de su muerte”, sostuvieron.
A la fecha, son más de 71 mil personas detenidas por supuestos vínculos con grupos criminales o delincuenciales. Cerca 5 mil han sido liberadas tras comprobar su inocencia, según declaraciones del ministro de Defensa, Gustavo Villatoro.
Asimismo, las organizaciones sociales reportan a la fecha 173 casos de personas que han fallecido dentro de los centros penitenciaros. 142 casos fueron archivados por la Fiscalía General de la República alegando que fueron muertes naturales. Sin embargo, mediante investigaciones realizadas por las mismas organizaciones defensoras de derechos humanos, se evidenció que los cuerpos presentan condiciones de violencia.
El documento en el que detallaron y expusieron a El Salvador como ejemplo en donde se comenten desapariciones forzadas fue elaborado por DPLF, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), el Centro para los Derechos Civiles y Políticos (CCPR), Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS).
Con edición de Diego Hernández
