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De un total de ocho recomendaciones en materia de memoria, verdad y justicia hechas desde 2021 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solo una avanzó de “pendiente” a “parcial” cumplimiento, concluyó la CIDH en su informe anual publicado ayer.
De estas ocho recomendaciones, el informé indicó que el Estado salvadoreño ha cumplido parcialmente seis y otras dos continúan pendientes en su totalidad. Entre estas se encuentran recomendaciones que giran en torno a la aprobación de una ley de justicia transicional, la ratificación de convenios internacionales sobre desaparición forzada e imprescriptibilidad de crímenes de guerra y lesa humanidad, el acceso a informes militares, entre otros.
Sobre la ley de justicia transicional, la CIDH urgió avances en la materia y manifestó su preocupación ante el archivo de un anteproyecto de ley, hecho que tuvo lugar en mayo de 2024 por parte de la Asamblea Legislativa. La iniciativa había sido presentada en 2021 por parte de organizaciones de víctimas del conflicto armado, pero la comisión legislativa a cargo de su estudio (ahora extinta) la archivó porque la consideraron desfasada.
Ante dicho escenario, en octubre del mismo año las organizaciones de víctimas que componen la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) presentaron un tercer anteproyecto de ley, con la ayuda de la iniciativa de la diputada por VAMOS, Claudia Ortiz.
Durante la sesión plenaria después de la presentación, los legisladores no dieron ingreso al escrito. A la fecha, la Asamblea Legislativa no ha notificado sobre el estado de la pieza de correspondencia.
“La CIDH invita al Estado a proporcionar información sobre si hay alguna hoja de ruta programada para dar celeridad a su tramitación y sobre cualquier avance sustancial que se alcance en su proceso de aprobación”, dijo el organismo interamericano sobre esta recomendación.
Otras de las recomendaciones en la que el Estado salvadoreño no ha avanzado en su cumplimiento es la de “investigar, juzgar y, en su caso, sancionar los delitos que consisten en graves violaciones a los derechos humanos perpetrados durante el conflicto armado interno”.
La comisión expresó que, a partir de la información brindada por el Estado salvadoreño, comprenden que la Unidad de Investigación de Delitos cometidos en el Conflicto Armado (UIDCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) posee un total de 255 investigaciones de casos ocurridos en el contexto de la guerra. De estos, solo 28 han sido judicializados.
Entre estos últimos, el Estado salvadoreño, con base a la información que proporcionó a la CIDH, destacó el caso de los cuatro periodistas holandeses. Es el único caso en el que ex altos mandos militares se encuentran detenidos. El juicio para este caso estaba programado para el pasado 23 de abril, pero fue suspendida y pospuesta para el 3 de junio.
También subrayó el caso de la Masacre de la UCA y el caso de San Andrés, en el que procesan a presuntos integrantes de los escuadrones de la muerte, una estructura paramilitar que funcionó durante la guerra.
El informe detalló también que para el año 2024, la UIDCA de la FGR “ha sido dotada paulatinamente de recursos humanos y logísticos necesarios para su labor investigativa” y potenció la participación de las víctimas y sus representantes en las investigaciones. No obstante, señaló que existe escasa información pública disponible sobre avances en la tramitación de los casos de graves violaciones a derechos. Todos los casos continúan en impunidad.
Agregó que continúan desafíos relacionados con el incumplimiento de estándares interamericanos “de debida diligencia, en general, y debida diligencia reforzada frente a casos de violencia contra las mujeres basada en su género; así como para garantizar los derechos de información y participación de las víctimas en las investigaciones, incluida la falta de perspectiva de género respecto de violaciones a los derechos humanos de mujeres”.
En la única recomendación que la CIDH reconoció un leve avance fue respecto a la que establece “ordenar, sistematizar y poner a disposición de las víctimas, las autoridades del sistema de justicia y de búsqueda, así como de la sociedad en su conjunto toda la documentación de las fuerzas de seguridad que actuaron durante el conflicto armado, reconstruyendo los archivos que hayan sido destruidos o los documentos que no se produjeron cuando legalmente debían producirse”.
Sobre esto, el Estado informó a la Comisión que el Ministerio de Defensa Nacional ha iniciado el ordenamiento, identificación y digitalización de documentación relacionada al periodo 1980-1992, que estaría disponible para solicitudes de justicia, víctimas y familiares.
Respecto de las desapariciones perpetradas durante el conflicto armado, la CIDH enfatizó que hasta 2024 en El Salvador no existía un marco normativo que regule estos hechos y los derechos de los familiares. Sin embargo, reconoció la aprobación de la Ley del Banco Nacional de ADN, aunque esta continúa sin aplicarse y continúa pendiente su creación.
También subrayó el archivo de propuestas sobre una ley de personas desaparecidas por parte de la Asamblea Legislativa, así como la extinción de la Unidad Especializada para Casos de Personas Desaparecidas de la FGR y la reserva de datos oficiales sobre personas desaparecidas.
Ante la falta de un registro oficial sobre esta problemática, la CIDH reconoció que agosto de 2024, organizaciones de sociedad civil lanzaron el Registro Ciudadano de Personas Desaparecidas en El Salvador para que familias y organizaciones ingresen datos y se generen alertas tempranas y datos estadísticos desagregados.
Así, el cumplimiento sobre adoptar un marco normativo que regule la política nacional de búsqueda, la creación de banco genético, procesos de exhumación y una ley que regule los derechos de los familiares de las estas víctimas, fue “parcial”.
En medio de los avances, en su mayoría “parciales”, la CIDH sostuvo, con base a las denuncias de organizaciones de sociedad civil, que, a la fecha, más de tres décadas después de la firma de los acuerdos de paz, “ninguna persona ha sido juzgada ni sancionada por las graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales cometidos durante el conflicto armado salvadoreño, por lo que estos hechos permanezcan en total impunidad”.
Con edición de Diego Hernández
