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Un total de cinco organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos afirmaron en un reciente informe que el Estado salvadoreño ha incumplido una serie de recomendaciones ordenadas por parte del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas frente a las vulneraciones a derechos humanos durante el régimen de excepción. Algunas de las problemáticas señaladas por el Comité, incluso, se han agravado, sostuvieron.
Fueron cuatro recomendaciones del Comité Contra la Tortura hizo a El Salvador en las que las organizaciones enfatizaron el incumplimiento, tres de estas con relación al régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo de 2022.
Estas últimas tres ordenaban al Estado adoptar medidas para prevenir las detenciones arbitrarias sin orden de detención, garantizar el goce de todas las salvaguardias, informar a los familiares de las detenciones; asegurar que la legislación del régimen de excepción se ajuste a la normativa internacional de derechos humanos y dotar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de los recursos necesarios para su correcto funcionamiento, velando visitas inopinadas a cualquier lugar donde haya personas privadas de libertad.
Sobre lo anterior, enfatizaron las organizaciones, que a la fecha se han detenido más de 76 mil personas, que las detenciones continúan bajo el mecanismo de no informar las razones, incluso, estas se efectúan bajo engaños o bajo la modalidad de denuncias anónimas. Hasta septiembre del 2023, estas organizaciones, junto a otras, documentaron 5,775 víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos, la mayoría por detenciones arbitrarias o ilegales.
Con respecto de los casos de desaparición forzada durante el contexto del estado de excepción, hasta noviembre del 2023, las mismas registraron un total de 327 casos, las cuales tenían una serie de patrones en común.
Asimismo, según registros de Cristosal, desde marzo de 2022 al 31 de enero de 2024, un total de 216 personas murieron, algunos con signos de tortura, bajo custodia del Estado salvadoreño luego de ser capturados por los cuerpos de seguridad. Sin embargo, aseguraron que la cifra podría ser mayor en caso de existir un subregistro y al no contar con un dato oficial al respecto.
Más de dos años después desde la aprobación del régimen de excepción, también enfatizaron que el Estado salvadoreño no ha adoptado ninguna medida para ajustar la legislación y prevenir violaciones a los derechos humanos, y, que, por el contrario, la medida continúa, el Órgano Legislativo ha reformado el Código Penal y otros instrumentos y leyes, permitiendo, por ejemplo, el aumento del pazo de detención preventiva, imposibilitando la sustitución de la prisión preventiva, la incorporación de la figura de jueces sin rostro, entre otras.
Al respecto de la PDDH, calificaron en el informe a su labor con “serias deficiencias”, en particular, por la falta de cumplimiento de su obligación de vigilancia de la situación de derechos humanos en dicho contexto. Además, indicaron que, a la fecha, la PDDH solo ha publicitado visitas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) y no a los demás centros panales.
Frente a esta situación, Cristosal, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), reiteraron la necesidad de que en El Salvador se reestablezcan los derechos y garantías suspendidas, y ratifiquen instrumentos internacionales como el Protocolo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
