Organizaciones sociales y de derechos humanos que integran la Plataforma de Seguridad Ciudadana aseguraron en un reciente informe que El Salvador, a la fecha, no cuenta con una política integral de seguridad, puesto que la actual administración bajo la dirección de Nayib Armando Bukele ha dirigido sus esfuerzos en acciones represivas y punitivas, entre estas las enmarcadas dentro del régimen de excepción, dejando de lado otros aspectos como la prevención de la violencia.
“La conclusión del informe prácticamente es que se sigue manteniendo ese enfoque punitivo o marcado en la acción penal. Esto demuestra que no hay una política integral en materia de seguridad pública”, indicó Dina Martínez, integrante de la plataforma.
Las organizaciones se refirieron a que, a pesar de que la actual administración afirma la implementación de políticas seguridad “novedosas”, esta posee características “esencialmente punitivas” de políticas impulsadas por gobiernos en posguerra. “Sería más apropiado hablar de un continuum en el militarismo y el autoritarismo, con matices particulares, es decir, se han adoptado el uso de poderes de emergencia en las políticas de seguridad, gobernando con la emergencia”, señalaron en un comunicado.
Este contexto ha permitido que, si bien exista una tendencia a la baja de homicidios, otras formas de violencia aún continúan. dijeron. Por ejemplo, mencionaron, la violencia contra mujeres, que entre enero y diciembre de 2023 se tradujo en 46 femicidios a nivel nacional, según datos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). Datos oficiales solo retratan el contexto entre 2019 y 2022 debido a la reserva de información que ha caracterizado la gestión gubernamental, indicaron.
El informe determinó también, en materia de prevención de violencia, una mejora en tasa de desempleo juvenil, pero que, desde instituciones como el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, entre otros, la promoción de la resolución de conflictos sin violencia, formación en derechos humanos, equidad, respeto, han disminuido, señalando que las políticas actuales no permiten la creación de condiciones para la sana convivencia, para la articulación social, oportunidades de desarrollo y la desarticulación de violencia derivada de diferencias de poder.
En el actual contexto, caracterizado por el régimen de excepción en donde organizaciones nacionales e internacionales han denunciado graves violaciones a derechos humanos, la Plataforma por la Seguridad Ciudadana urgió al Estado salvadoreño implementar políticas de seguridad que no vulneren los derechos humanos, y que, por el contrario, reparen integralmente a las víctimas, que permitan la rehabilitación y se priorice la reinserción social de las personas encontradas culpables de la comisión de delitos, en lugar de la tortura, la incomunicación y del desconocimiento del debido proceso legal.
Con edición de Diego Hernández