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La Plataforma Nacional por el Hábitat, MOVITIERRA, y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD) denunciaron la falta de voluntad política del Estado salvadoreño para solventar la crisis habitacional e hídrica que continúa impactando a miles de familias.
Cada primer lunes de octubre se conmemora el Día Mundial del Hábitat. Este año, de acuerdo con Naciones Unidas, bajo el lema de “involucrar a los jóvenes para crear un futuro urbano mejor”.
En este contexto, las organizaciones de sociedad civil afirmaron que la lucha por el derecho a la vivienda y al agua no son nuevas, ni recientes. Sobre el primer derecho, señalaron que existen propuestas populares para garantizar el derecho a una vivienda y hábitat adecuada presentadas a la Asamblea Legislativa incluso desde 2010, pero que, en vez de estudiarlas o tomarlas en cuenta, han sido archivadas.
Se refirieron también a algunas políticas y leyes que tampoco promueven la garantía de dichos derechos. Mencionaron la reciente aprobación de las Disposiciones Especiales para la Promoción y Otorgamiento de Incentivo Fiscal para el Fomento del Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios en Altura, que promueve un incentivo fiscal para edificaciones con 35 pisos o más por un plazo de 15 años, pero que beneficia únicamente a los sectores empresariales.
También señalaron la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, aprobada en 2009, el cual, a su juicio, se ha convertido en un “instrumento violatorio” del derecho a una vivienda adecuada y digna. “Es decir, la ley se ha convertido en la herramienta perfecta para realizar desalojos forzosos”, sostuvieron en un comunicado.
Sobre el derecho humano al agua, la falta de voluntad política, dijeron, también es una constante puesto que el bien hídrico ha sido priorizado en favor de sectores comerciales y a proyectos urbanísticos, ignorando así las necesidades de la población, entre ellas comunidades, asentamientos humanos irregulares, habitantes de la zona urbana, entre otras.
Las organizaciones exhortaron al Estado salvadoreño a garantizar los derechos a una vivienda digna y al agua para toda la población por igual, a través de la creación de políticas públicas y leyes tomando en cuenta los diferentes sectores como las juventudes. Instaron también a la derogación de decretos que vulneran dichos derechos y llamaron al sistema de justicia a impedir más desalojos forzados.
Con edición de Diego Hernández
