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La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), junto al Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) y el Bloque De Resistencia y Rebeldía Popular, solicitaron a la nueva configuración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), través de un escrito, que verifiquen la presunta corrupción judicial en casos de personas capturadas arbitrariamente desde marzo de 2022.
Rudy Joya, abogado del UNIDEHC, aseguró que, a la fecha, la organización ha documentado una centena de casos de capturas arbitrarias, en donde las personas no poseían ningún antecedente penal, y que, pese a conseguir cartas de libertad emitidas por diversos tribunales, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) no las ha efectuado. Denunció también una serie de obstaculizaciones en los procesos que los abogados llevan a cabo en pro de la libertad de las víctimas.
“Solo para ponerles un ejemplo, los Tribunales Contra el Crimen Organizado de San Salvador, Santa Ana y San Miguel no aceptan las peticiones que abogados públicos realizan para la presentación de arraigos, para hacer audiencias especiales, y cuando se logran, algunas de esas, y se ordenan la libertad de las personas, no hacen nada para que se cumpla aquella orden de libertad, las cuales siguen pendientes y que Centro Paneles no le esté dando cumplimento. Eso es corrupción desde el tema judicial hasta el administrativo”. dijo el abogado.
Samuel Ramírez, del MOVIR, representante del MOVIR, la cifra de cartas de libertad en favor de personas detenidas en el marco del régimen de excepción a casi las 20 mil.
“Queremos que la Corte Suprema de justicia verifique esa situación y que se pronuncie. A eso venimos ahora, a decirle a la nueva Sala que piense en el pueblo y que respete la ley porque si no también ellos van a ser juzgados”, agregó Ramírez.
Con edición de Diego Hernández
