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“Ese es el mensaje de nuestro caso: que donde se encuentren y si están en Estados Unidos, Estados Unidos no puede ser un puerto seguro para torturadores y personas responsables de ejecuciones extrajudiciales”, dijo Claret Vargas, abogada del Centro de Justicia y la Responsabilidad (CJA, por sus siglas en inglés) que lidera una demanda civil en Virginia contra el coronel salvadoreño Mario Reyes Mena.
Con la demanda buscan, entre otros aspectos, una indemnización por daños y perjuicios y declarar como responsable a Reyes Mena por la ejecución extrajudicial de Jan Kuiper, uno de cuatro periodistas emboscados y asesinados el 17 de marzo de 1982 en El Salvador por parte de un grupo de militares bajo el mando del acusado, entonces comandante de la 4º Brigada de Infantería de la Fuerza Armada de El Salvador, con sede en El Paraíso, Chalatenango.
La demanda fue presentada a nombre de Gert Kuiper, hermano menor del periodista Jan Kuiper, el pasado 9 de octubre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este Virginia, donde el acusado vive en la actualidad.
Vargas explicó que este proceso se basa en la Ley de Protección para las Víctimas de Tortura (TVPA), una ley aprobada por Estados Unidos en 1991, que permite que familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales puedan presentar una demanda contra las personas responsables si estas se encuentran bajo jurisdicción de una corte en dicho país. Las personas que sean demandadas deben estar presentes en territorio estadounidense para aplicar el marco, dijo.
De acuerdo con la organización, la demanda alega la ejecución extrajudicial de Jan Kuiper, en violación a dicha ley, y señalaron que Mario Reyes Mena supuestamente habría ejercido su responsabilidad de mando, conspiró, ayudó e instigó a sus subordinados del ejército salvadoreño a emboscar y luego matar a los cuatro periodistas holandeses, entre estos Kuiper.
“En el caso de Mario Reyes Mena, él reside en el Estado de Virginia en Estados Unidos y bajo ese estatuto la queja solo puede ser civil, es decir, no hay un marco legal que nos permita presentar una demanda para que se abra un caso penal y lo único que podemos buscar es resarcimiento en lo civil, entonces es lo que hacemos”, expuso la abogada.
Vargas y otros abogados del CJA estimaron que este proceso civil podría durar aproximadamente un año y medio, aunque esto dependerá del tribunal estadounidense que ventilará el mismo. Aun así, las expectativas de los abogados, expresaron, es que el proceso avance y rápidamente lleguen a un juicio contra el coronel salvadoreño.
En el escrito sobre la demanda al que tuvo acceso VOCES detalla que Mario Reyes Mena fue miembro de las Fuerzas Armadas de El Salvador desde 1975 hasta 1986. En 1982 comandó la brigada militar que emboscó y asesinó a los cuatro periodistas holandeses en Chalatenango. Para 1984, el coronel se trasladó a Estados Unidos como agregado militar del gobierno salvadoreño con sede en Washington, D.C., luego se estableció en dicho país y reside en el distrito de Centreville, Virginia.
El documento sostiene además que Reyes Mena tras su traslado a Estados Unidos continuó viajando a su país de origen hasta que, en noviembre de 2022, el Juzgado Dulce Nombre de María, Chalatenango, en El Salvador, decretó la detención provisional contra supuestos responsables del asesinato de los cuatro periodistas holandeses, entre estos Reyes Mena.
Sumado a esto, las organizaciones que acompañan el caso como Fundación Comunicándonos, la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y apoyado por la Embajada del Reino de los Países Bajos en Costa Rica para Centroamérica, aseguraron meses atrás que las autoridades salvadoreñas habían iniciado el proceso de extradición en su contra. Reyes Mena posee también una notificación roja para su captura por parte de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
“Nuestra intención es que la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad tenga un final en el país donde se ha cometido el crimen”, aseveró la abogada Claret Vargas, quien añadió que junto al CJA buscan con este proceso que se ventilará en un tribunal estadounidense, “iluminar” otros casos de crímenes perpetrados por actores y agentes del Estado salvadoreño durante la guerra civil en El Salvador, así como abrir un debate en la región de las Américas y en el mundo para poner fin a la violencia contra las personas periodistas.
Con edición de Diego Hernández
