martes , agosto 9 2022

Tutela Legal expresa que continúa la impunidad por parte del Estado Salvadoreño en la investigación , enjuiciamiento y reparación de las víctimas de la masacre de EL Mozote y El Sumpul

La Asociación de Derechos Humanos Tutela Lejal Dra. María Julia Hernández, expresó que el 04 de marzo del corriente, el Estado Salvadoreño evadió nuevamente sus responsabilidades internacionales en Audiencia Pública de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, ante la Corte
lnteramericana de Derechos Humanos (Corte IDH) quien hizo serios cuestionamientos al Estado Salvadoreño para cumplir con las medidas de justicia y reparación de la Sentencia que este tribunal
interamericano emitió en el año 2012 sobre la Masacre de El Mozote y lugares aledaños, cometida por el Batallón Atlacatl en diciembre de 1981, resaltando la obstaculización para la obtención de evidencias a través de la negativa de permitir las inspecciones en los archivos militares; Ia falta de fortalecimiento del tribunal que lleva el proceso histórico de la masacre del Mozote y otras acciones que continúan afectando Ia dignidad e integridad de las víctimas.

«La negativa de no permitir las inspecciones en los archivos militares de 1981 por parte del Presidente de la Republica y del Ministro de la Defensa Nacional, no solo ímplico un desacato de las órdenes judiciales
del Juez de la causa, sino que persistió incluso después de que la sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, determino que la obstaculizacíón de estas diligencias podría ser constitutíva de delito», manifestaron los representantes de Tutela Lejal.

Así mismo, lamentan las acciones que ha adoptado la Fiscalía General de la República, sin informar ni consultar a las victimas e incluso actuando en contra de los intereses de estas, generando re victimización.

Tutela Legal sostiene que, dadas las dimensiones de la masacre del Mozote y lugares aledaños, las medidas adoptadas por el Estado para el fortalecimiento del Juzgado siguen siendo insuficientes, mencionaron que los dos auxiliares jurídicos que colaboran con el Juez, han sido contratados de manera eventual y por un plazo de 6 meses. Señalaron que esta situación les genera incertidumbre e inestabilidad Laboral.

Por otro lado, los días uno al diez de febrero del corriente, se realizaron trabajos de exhumación en un pozo identificado en el Caserío Las Aradas del municipio de Ojos de Agua, en el caso de la Masacre deEl Sumpul cometida por los ejércitos de El Salvador y Honduras los días 1″3 y 14 de mayo de L980, dirigidas por la Jueza de Paz del municipio de Ojos de Agua y con el apoyo del lnstituto de Medicina Legal y la Asociación de Víctimas de dicha rnasacre representados por Tutela Legal Dra. María Julia Hernández.

Señalaron que dichos trabajos evidenciaron la presencia de restos humanos de la masacre y otros lugares para continuar con este proceso a más de 40 años de cometida dicha masacre, pero también revelaron las deficiencias y carencias por parte del Estado Salvadoreño para apoyar a las víctimas de graves crímenes de lesa humanidad, como el desatenderse de los gastos para dichas
diligencias y que estos en su mayoría sean sufragados por las mismas víctimas de la masacre; y que si bien en el caso se han recuperado evidencias de restos humanos, el proceso para hacer los estudios respectivos se tarde muchos meses o en su caso no se pueda realizar por falta de capacidad para analizar restos de larga data, a pesar de tener el equipo técnico científico en el Laboratorio de Antropología
Forense del lnstituto de Medicina Legal.

A pesar de ello, Tutela Lejal espera, continuar con el proceso de exhumación iniciado y que no se interpongan
obstáculos para la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables en el caso, ni la utilización
de subterfugios técnicos para dilatarlo, tal como está sucediendo en el proceso judicial de la Masacre de El Mozote.

La Asociación de Derechos Humanos exigen al Estado de El Salvador, no obstaculizar el acceso a la justicia de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad ya enunciados y otros que están en investigación, para los
que se necesita el acceso a la información militar del conflicto armado y el resguardo de la misma por un ente imparcial y confiable.

También solicitan se proporcionen los recursos para fortalecer el trabajo de los tribunales que tienen a cargo estos
procesos, de Ia Fiscalía General de la República y del lnstituto de Medicina Legal, con el fin de no dejar intencionalmente la carga de la prueba y de las diligencias judiciales a las víctímas de estos crímenes.

Realizar las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables de generar obstáculos
en el acceso a la justicia de las víctimas y los operadores de justicia en estos casos.

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