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El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) es ahora el encargado de designar a toda persona natural o jurídica, grupo, agrupación, asociación y organización de personas (temporal o permanente) como terrorista. Este emitirá de forma pública una lista nacional de los denominados “terroristas” y será actualizada periódicamente.
Lo anterior, fue aprobado con 63 votos en la primera sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de 2024, mediante una iniciativa de la designada por el presidente de la República y encargada de despacho por medio del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública que solicitaba reformas a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo.
La nueva asignación al titular de la FGR se desprende de la reforma del artículo 9 (sobre la financiación de actos de terrorismo) y la adición de tres nuevos (artículo 34-A, B y C) al capítulo III de esta Ley.
“Asimismo, podrá designar como terrorista a todo grupo, agrupación, asociación, organización de personas, de carácter temporal o permanente, de hecho, o de derecho, que posea algún grado de estructuración, que cumpla con los parámetros de la definición de organización terrorista contenida en la presente Ley, o que se compruebe que pertenece o es controlada o dirigida, directa o indirectamente por alguna persona natural o jurídica designada como terrorista nacional”, añade el texto.
La Ley Especial contra Actos de Terrorismo, aprobada en 2006, establece como organizaciones terroristas a aquellas “provistas de cierta estructura de la que nacen vínculos en alguna medida estables o permanente con jerarquía y disciplina y con medios idóneos, pretenden la utilización de métodos violentos o inhumanos con la finalidad expresa de infundir terror, inseguridad, alarma, arrogase el ejercicio de potestades pertenecientes a la soberanía de los Estados o afectar sistemáticamente los derechos fundamentales de la población o parte de ella, de uno o varios países”.
El fiscal, tras la aprobación de las reformas anteriores y otras más, podrá también, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, proponer al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que personas y organizaciones también sean designadas como terroristas. Esto cuando en la investigación se obtengan “indicios objetivos suficientes”. Al recibir la aprobación del Consejo de la ONU y tras recibir dicha resolución el fiscal, por medio de la Unidad de Investigación Financiera, ordenará la inmovilización de las cuentas bancarias, fondos, derechos y bienes objeto de los imputados. Asimismo, los capitales de fondos, transacciones financieras y otros activos de personas y organizaciones.
“Se está saldando una deuda, por cuanto (las reformas) dan herramientas adecuadas para lograr el congelamiento de todos el dinero y otros recursos que se consideren sean utilizados para financiar actos de terrorismo”, argumentó el fiscal general, Rodolfo Delgado, quien, además, calificó esta acción como “positiva” para mejorar la seguridad.
La iniciativa aprobada, aseguró el diputado de ARENA, César Reyes, previamente había sido presentada en 2022 por su fracción legislativa, pero no fue elevada a plenaria. “Como ya es costumbre, el oficialismo una vez más plagia y fusila una propuesta de Ley sacando del archivo piezas de correspondencia y tomándolas como propias”, cuestionó.
Con edición de Morena Villalobos
