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Con una marcha en dirección a la Alcaldía de Suchitoto, las comunidades de este municipio en el departamento de Cuscatlán reiteraron su rechazo a la construcción de un nuevo proyecto extractivista: «la Granja Suchitlán».
«Granja Suchitlán, no queremos ser sus vecinos», fue una de las consignas que más resonó durante la marcha.
Esta granja de aves pertenece a la empresa Avícola Salvadoreña. Cuenta con permisos de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), pero no de las autoridades locales como el Concejo Municipal y la ordenanza de recursos hídricos, aseguraron.
En este sentido, el alcalde municipal del partido Nuevas Ideas, Denys Miranda, señaló que «no es posible que por ejemplo se puede llegar a instalar una situación -una granja- en Suchitoto y ni siquiera se tome en cuenta la opinión del Concejo Municipal porque eso es básicamente un abuso a la autonomía de los municipios».
Asimismo, los habitantes dijeron que la consulta con los habitantes para que el MARN otorgara los permisos no fue la debida.
Desde 2020, este proyecto ha intentado instalarse. Sin embargo, junto al rechazo de los habitantes y los permisos faltantes, no había iniciado este proceso. Desde hace dos semanas atrás la maquinaria pesada se encuentra en el área, expresaron.
La presencia de esta granja amenaza con la contaminación de las fuentes hídricas de las que alrededor de 5,000 suchitotenses, de 13 comunidades, se abastecen para el consumo propio y otras actividades, detallaron.
«La gente lo que requiere es tener agua. Nosotros lo respetamos porque es el derecho que todo ciudadano y ciudadana tiene», dijo el alcalde municipal.
“Si nosotros analizamos a futuro, esto va a ser una situación bastante dura. En este sentido, el posicionamiento del Concejo Municipal es que nosotros no estamos de acuerdo con la instalación de una granja avícola en Suchitoto», agregó.
En el estudio de impacto ambiental al que VOCES tuvo acceso se plantea que la granja perforará un pozo para extraer 11 litros de agua por segundo durante 20 horas al día.
«A nosotros nos estaría afectando el derecho a la salud, al agua al ya no tener un vital líquido para consumo y tendremos que comprar agua para el consumo humano y nuestros oficios. Mujeres, niños, ancianos, toda la población que es grandísima se vería afectada», señaló Feliz Ángela Pineda, habitante de la comunidad Mora.
Con edición de Diego Hernández
