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La Fundación para la Aplicación del Derechos (FESPAD) aseguró en su reciente informe sobre la “Situación de la desaparición de personas en El Salvador y la respuesta del Estado en la gestión gubernamental 2019-2022”, que los principales obstáculos para superar este fenómeno son la falta de transparencia y la falta de servicios de calidad hacia los familiares de víctimas de desaparición, entre otros.
“El retroceso en materia de información oficial pertinente y útil para las familias que buscan a sus seres queridos, la cual antes era brindada y ahora es vetada mediante su reserva o negada al declarar su inexistencia; el manejo mediático insolente, reduccionista, confuso y negacionista por parte de quienes emiten declaraciones al respecto desde la administración pública; y la excusa de la preponderancia del régimen de excepción, cierta o no, para la realización deficiente de búsqueda y localización de personas desaparecidas por parte de las autoridades o -de plano- para su no realización”, son los principales obstáculos para superar este fenómeno, según destacó la organización.
De acuerdo con esta investigación, durante 2019 a junio de 2022, alrededor de 2397 casos de desaparición de personas fueron clasificados como activos. Es decir, que “en la Fiscalía supuestamente se están investigando. Digo supuestamente porque existe un expediente, pero que haya actividad investigativa, pues es nula”, explicó Henry Fino, director de FESPAD.
Este dato es una estimación y no un dato exacto de la organización con base a informes de la Policía Nacional Civil (PNC), notas de medios de comunicación, entre otros; precisamente por la falta de transparencia, dijeron.
«Lo que complica la situación es la falta de transparencia. Esta información es reservada», afirmó Benjamín Cuéllar, uno de los consultores del estudio, sobre las dificultades de obtener cifras exactas de personas desaparecidas.
Esta “falta de transparencia y apertura” figura una latente preocupación para la organización por “ser esta un obstáculo no solo para el conocimiento y el análisis crítico de los logros, las deficiencias, los obstáculos y las necesidades institucionales, sino también para que exista la posibilidad de aportar –desde la sociedad– propuestas y recursos que permitan lograr que dichos servicios sean eso que esperan las y los familiares de la víctima directas”, suscribieron en el informe.
Afirmaron también que actualmente existen proyectos y protocolos interinstitucionales destinados al fortalecimiento de las instituciones competentes a la investigación y resolución de los casos de desaparición. Sin embargo, a estos procesos le cuestionaron que lo que “falta es el ejercicio de un control de calidad de los servicios que se brindan, desde la perspectiva de la satisfacción de las personas que acuden a las instituciones esperando que estos sean efectivos y empáticos”.
Por otra parte, lamentaron que pese a existir propuestas “concretas” desde las organizaciones sociales y civiles no han existido avances para superar las desapariciones. Ejemplo de esto, destacaron la Ley de Creación del Sistema de Personas Desaparecidas y no Identificadas y la del Banco Nacional de Datos Genéticos, ambas archivadas por el actual cuerpo legislativo.
El único avance que destacaron como “simbólico” para superar los casos de las desapariciones en El Salvador fue que la admisión de la Sala de lo Constitucional de un recurso de amparo que presentó FESPAD, y, con el cual, se logró que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá explicar si investigó o no la desaparición de Josué, un adolescente de 14 años de edad del que no se sabe su paradero desde 2011.
Héctor Carrillo, abogado de FESPAD, reiteró que la respuesta del Estado salvadoreño frente a la realidad de desapariciones debe ser “el acceso a la justicia, de investigar quiénes son los responsables, ubicar a las personas, pero también y sobre todo de reparar a las familias y de garantizar de que esto no siga sucediendo. Esas son las cosas fundamentales”.
De acuerdo con una de las madres que integra el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y que son apoyadas por la Asociación Salvadoreña por la Defensa de los Derechos Humanos (ASDEHU), existe un registro amplio de que son las familias quienes hacen los procesos de búsquedas, especialmente las mujeres.
Estas situaciones acarrean impactos negativos tanto a la salud mental y física de todos los familiares de victimas desaparecidas y para lo cual, no existen mecanismos de apoyo efectivos desde las instituciones competentes, indicó la madre.
Con edición de Diego Hernández
