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Abogadas representantes del Socorro Jurídico Humanitario interpusieron una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a causa de irregularidades en el caso de la muerte de José Leónidas Bonilla, sindicalista salvadoreño capturado en abril de 2022, dentro el régimen de excepción, y fallecido en septiembre del mismo año.
La abogada Ingrid Escobar detalló que la autopsia de Bonilla, obtenida por otros medios y no por la vía oficial de la Fiscalía General de la República (FGR), demuestra que su muerte fue a causa de la agudización de una crisis de salud debido a que este ingresó con una enfermedad renal complicada, diabetes e hipertensión.
“Sin embargo, nosotros hemos tenido acceso a la autopsia que revela datos que no son únicamente por negación de tratamiento médico, sino que hay politraumatismo en el cuerpo del compañero, heridas en los pies, pero también hay una necrosis y sangramiento del vaso. Aquí están claros los graves traumatismos que el compañero tuvo. Eso es señal de que hubo indudablemente torturas, tratos crueles y degradantes en un centro penitenciario”, dijo la abogada.
El pasado 11 de enero, la misma organización presentó a Fiscalía un aviso sobre este mismo caso y otros contra el Estado salvadoreño por casos similares y entre los involucrados señalaron al director de centros penales, Osiris Luna, los diputados de la Asamblea Legislativa (periodo 2021 – 2024) por las prórrogas del régimen de excepción, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por ser el promotor de la política de seguridad.
Al consultar las abogadas recientemente sobre el avance del aviso sobre en el caso de Bonilla, la institución notificó que su Unidad de Delitos Relativos a la vida e Integridad Física se declaró incompetente. “Esta unidad remitió el caso a otra unidad que no tiene absolutamente nada que ver con la muerte por tortura del compañero José Leónidas Bonilla”, sostuvo Escobar.
Jayme Magaña, otra abogada, explicó que “la nueva unidad a cargo del caso es la “unidad de investigación de delito contra el sector de justicia”, que es donde se ve el peculado, el falso testimonio y una muerte pues, no es un falso testimonio, ni es un problema administrativo, pero que, al mismo tiempo, esta unidad estaba dirimiendo quien tenía la competencia: si el área penal o el área administrativa”.
Las abogadas esperan que esta irregularidad y otros sean investigadas, así como la pasividad de la FGR en cuanto a la investigación de la muerte del sindicalista. Al mismo tiempo, las abogadas esperan que al ser este caso “público y de notoriedad”, la PDDH tenga de oficio un informe de cómo avanza este caso.
“Es una muerte que fue violenta. No queremos que otros defensores corran la suerte de Leónidas y por eso estamos aquí. Si no encontramos respuestas en El Salvador, si no hay respuesta ante la justicia y ante cada quien cumpla el deber constitucional que le corresponde, automáticamente estamos habilitados para ir al Sistema Interamericano o al Sistema de Naciones Unidas para que a nivel internacional se dirima la responsabilidad de todos y todos los funcionarios que no asumen su papel para conseguir las justicia para las víctimas del régimen”, manifestó Magaña.
Con edición de Morena Villalobos
