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Abogados de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), representantes del Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, junto a comerciantes y familias afectadas por desalojos arbitrarios en la playa Costa del Sol, presentaron un aviso en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del alcalde de La Paz Centro, Armando Jirón, y el jefe de Catastro de la misma alcaldía, César Ticas, a quienes señalan como responsables de dichos hechos.
“Estamos aquí para interponer este documento que permita dar respuesta a toda esta situación crítica que están enfrentando estas familias salvadoreñas (y comerciantes), específicamente, por los daños cometidos por el alcalde de la zona costera que, dentro del proceso de desalojo, amedrentó a personas que tenían sus puestos de venta, por la quema de locales y, además, el uso de la fuerza para enfrentar a esta gente que se encontraba en la zona tratando de subsistir”, manifestó Maricela Ramírez, representante del Bloque de Resistencia.
Se trata de un total de 59 personas comerciantes que fueron afectadas tras los recientes desalojos y daños materiales por la quema de puestos de venta y ramadas en la playa Costa del Sol, San Luis La Herradura, en La Paz, por orden y dirección de las mencionadas autoridades municipales.
Según estos, y los reportes de captura de la Policía Nacional Civil (PNC), el alcalde Armando Jirón fue quien ordenó la quema, entre otros bienes, de los puestos de venta, y, el segundo, César Ticas, dirigió dichos actos. Ambos fueron capturados el 14 de mayo y son acusados por el delito de “contaminación ambiental”.
Las organizaciones esperan que con este aviso la FGR incorpore a dichos cargos, los delitos de amenaza, agravación especial, daños, daños agravados y actos arbitrarios. Este último, explicaron, puesto que la alcaldía alegó que dichos desalojos fueron con base en una resolución de la jueza ambiental de San Salvador, sede en Santa Tecla.
“Mantenemos que son desalojos arbitrarios porque la resolución del Juzgado Ambiental de San Salvador no decía que tenían que establecer desalojos, decía otro tipo de medidas cautelares que se podían implementar y, como última opción, dejaban el desalojo. Incluso, establecía que si había desalojos tenía que la alcaldía realizar un plan de reordenamiento o reubicación a los comerciantes, lo cual no hubo”, sostuvo Rudy Joya, abogado y vocero del UNIDEHC.
Si bien, indicó Joya, esperan que dichos delitos se incorporen contra las autoridades municipales capturadas, lo que buscan, en primer lugar, es que las personas afectadas obtengan justicia y resarcimientos de los daños.
