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«40 años de sobrevivencia para la población que sufrió la persecución, el asesinato y la desaparición de sus seres queridos, sobrevivientes a la impunidad, pero resilientes ante la misma», expresó Pro-Búsqueda.
Por David Ramírez, periodista de VOCES.
En el marco de los 40 años de impunidad de las masacres conocidas como “La Guinda de Mayo”, la organización Pro-Búsqueda exigió al Estado salvadoreño cumplir con la creación del Banco de ADN, el cumplimiento integral de la sentencia internacional por la desaparición forzada de Erlinda y Ernestina Serrano Cruz, entre otras.
«Ya no estamos hablando de un olvido» dijo el director ejecutivo Pro-Búsqueda, Eduardo García, sobre el caso emblemático e impune de las hermanas Serrano Cruz, al afirmar que han transcurrido 28 años de haberse denunciado ante la Fiscalía General de la Republica (FGR) y el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango este grave caso de violación a los derechos humanos de población civil durante la guerra.
Pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado de El Salvador en 2005, el juzgado de Chalatenango y la FGR no han reflejado un avance desde la primera fase de instrucción en el caso, por lo que no se ha procesado a ninguno de los responsables de este crimen, explicó Pro-Búsqueda.
En 2019, la organización –en el marco de la sentencia de la Corte IDH- presentó una propuesta a la Asamblea Legislativa para la creación de un banco nacional de datos genéticos, sin embargo, fue archivada. “El Estado ha incumplido la orden de crear el banco”, afirmaron.
Agregaron que el Estado ha impedido la reparación y justicia de todas las víctimas del conflicto armado por la Ley de Amnistía de 1993, la cual fue declarada inconstitucional en 2016.
Pro-Búsqueda exigió a las autoridades responsables a cumplir lo dispuesto en sentencias constitucionales, administrativas y del sistema interamericano sobre las masacres de “La Guinda de Mayo”.
Especialmente, exigieron el acceso a los archivos militares que previamente han solicitado y se les han negado, retomar el estudio sobre la propuesta de Ley de Justicia Transicional y el Banco Nacional de Perfiles Genéticos e impulsar investigaciones de los casos del conflicto armado, entre ellos el de las hermanas Serrano Cruz.
“Año con año se reúnen con su propio dolor, pensemos en estas familias que en una forma violenta les fueron arrebatados a sus familiares y otros viven con la incertidumbre de no saber nada… Son 40 años”, expresó la psicóloga de la organización, Ana Julia Escalante.
