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Víctor Barahona, un periodista comunitario en el municipio de Apopa, acuerpado por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), denunció esta mañana el proceso de su detención en el marco del régimen de excepción. Fue liberado a mediados de mayo de este año.
«El 7 de junio de 2022, en Colonia Valle del Sol, Apopa, me tocaron la puerta, me preguntaron si vivía solo, entraron (sin orden judicial) a registrar y me preguntaron si había estado detenido, si estaba tatuado. Les dije que tenía un tatuaje artístico”, relató Barahona.
Explicó que fue llevado a la delegación esposado. En el lugar le tomaron fotografías, donde lo acusaron por supuestamente ser “colaborador de pandillas”, dijo.
Estuvo en el penal La Esperanza o más conocido como Mariona y posteriormente fue trasladado al centro penal de Izalco. «Me torturaron psicológicamente. Me decían que ahí me iba a podrir. A veces nos castigaban manteniéndonos hincados por horas. No nos daban de comer. Me enfermé, me llené de pus, por tres días estuve casi agonizando”, agregó.
Señaló que él padece de hipertensión y que solo una vez recibió atención de salud. Asimismo, indicó que los paquetes que sus familiares dejaban en el penal para él no le llegaban completos.
El 5 de mayo firmó su carta de liberación. Sin embargo, fue hasta el 19 de mayo que finalmente salió bajo medidas, pero “bastante mal de salud y con 80 libras menos”, dijo.
“¿Por qué estoy aquí esta mañana? Es que no quiero que se repita con ustedes (periodistas)”, dijo durante una conferencia de prensa.
“En este país, ser periodista es delito. Estoy seguro de que es por mi trabajo porque tenía programas que incomodan. No lo digo yo, lo decían muchas personas”, agregó.
De acuerdo con Oswaldo Feussier, de la clínica de primeros auxilios de la APES, “él es una persona inocente que por un año fue sometida a un tratamiento humillante, degradante, que incluso puede ser fácilmente calificado como tortura”.
Asimismo, sostuvo que este caso está caracterizado con patrones “calcados” de muchos otros denunciados desde organizaciones defensoras de derechos humanos en el marco del régimen de excepción, en donde “detuvieron primero e investigaron después”.
Desde el acompañamiento legal que APES le ha brindado a Barahona han intentado acceder al expediente de él para constar el cargo del que se le acusa. Sin embargo, no han tenido respuesta.
“Las afectaciones a la prensa en el marco del régimen de excepción continúan y en ese sentido hacemos un llamado al Estado salvadoreño a que deje de seguir con ese tipo de medidas arbitrarias y vulneración de derechos y lamentamos que se sigan cometiendo a estas alturas este tipo de afectaciones en contra de la ciudadanía y en contra de las personas más vulneradas, en esta caso, en el tema de la prensa, suelen ser los periodistas locales y comunitarios”, indicó Angélica Cárcamo, presidenta de APES.
Además, llamó al recién nombrado Comisionado Presidencial para los Derechos Humanos, Andrés Guzmán Caballero, a investigar el caso.
Por su parte, Elizabeth Estrada, integrante de la junta directiva de APES, manifestó que de enero a junio de este año registraron 194 agresiones hacia periodistas y 103 casos se encuentran activos. Es decir, APES le está brindando acompañamiento.
Detalló que entre estos hay 41 casos de declaraciones estigmatizantes, 33 de acosos digital, 18 calumnias, 14 restricciones del ejercicio periodístico, 14 de intimidación, entre otros.
También reportaron al menos 6 nuevos casos de «movilizaciones, internas temporales, externas temporales y de exilio».
“Desde la Asociación es sumamente preocupante la situación actual que se tiene de cara a la prensa”, expresó Estrada.
