lunes , junio 27 2022

OEA responde a las afirmaciones oficialistas de cerrar la CICIES

La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado de respuesta frente a las afirmaciones que mencionó el presidente Bukele tras anunciar el cierre de la CICIES.

A través de un comunicado, la OEA afirmó que el gobierno ya estaba informado sobre la decisión de propuesta para elegir al ex alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, para ser asesor en dicho organismo internacional.

Con base al comunicado, la OEA expresa firmemente que al ex alcalde no se le emitió un contrato firmado, sino una propuesta para ser asesor. En segundo lugar, comunican que dicha propuesta fue conocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien no afirmó absolutamente nada en tener discrepancias ante dicho caso.

Bajo el argumento presentado anteriomente, el presidente Bukele estaría mintiendo en que una de las razones por las cuales se rompía el trato con la CICIES, era porque «promovía la impunidad en el país», ya que el Relaciones Exteriores estaría en pleno conocimiento de dicha propuesta sin presentar oposición alguna.

La OEA, en el apartado C del comunicado, siguió presentando en su comunicado que, si esto hubiese llegado a ser oficial, Muyshdont no podría exhimir ninguna denuncia penal en la que estaría incurriendo en el país de El Salvador.

«c) Como es de obvio, más que obvio, elemental conocimiento de derecho diplomático y práctica diplomática, ni aun la contratación hubiera dado al señor Ernesto Muyshondt inmunidad ante tribunales salvadoreños, mucho menos “impunidad”. Semejantes errores argumentales son inadmisibles desde todo punto de vista», escriben.

Por lo escrito anteriormente, la OEA remita al gobierno salvadoreño a pronunciarse frente a seis puntos específicos de tal declaración oficialista:

  1. La aprobación de la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia COVID-19, promulgada por medio de decreto legislativo Nº7 de fecha 5 de mayo 2011 y publicado en el Diario Oficial Nº 85 Tomo 431 de la misma fecha 5 de mayo 2021.
  2.  La decisión gubernamental de no hacer público el Primer Informe Descriptivo sobre la Calidad Efectividad y Legitimidad del uso de Fondos Públicos en atención a la pandemia COVID-19.
  3. Ell asfixiamiento que ha realizado la fiscalía general a la CICIES en las últimas semanas cercenando completamente sus posibilidades de investigación.
  4. Las acciones de Gobierno encaminadas a impedir avances en las investigaciones a denuncias de corrupción de la actual administración.
  5. La necesidad de la aprobación de una reforma al código procesal penal para que organismos intergubernamentales como la CICIES pudieran ser querellante en los procesos penales e investigaciones que la Fiscalía General de la República realizase en aquellos casos de corrupción que afectaran derechos difusos de la población.
  6.  La recurrente actitud del Gobierno de procurar inducir a la CICIES a investigar acciones de políticos de la oposición exclusivamente.

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