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Organizaciones de derechos humanos en El Salvador dialogaron sobre los informes presentados ante Naciones Unidas como parte del Examen Periódico Universal (EPU) que se realizará en enero de 2025, siendo este ciclo el primero al que será sometido la administración de Nayib Bukele (2019-2024).
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos que revisa cada cuatro años y medio el cumplimiento de los Estados miembros respecto a sus compromisos en derechos humanos. Este proceso fomenta el diálogo entre gobiernos y sociedad civil, permitiendo identificar brechas, hacer recomendaciones y trazar estrategias para sociedades más equitativas.
Se estudiaron y analizaron datos recopilados en el período 2019-2024, articulados en siete ejes temáticos: seguridad y estado de excepción; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; justicia transicional y memoria histórica; personas defensoras de derechos humanos; niñez y adolescencia; derechos LGBTIQA+; y educación superior. Los informes reflejan demandas ciudadanas y proponen rutas para el cumplimiento de estándares internacionales en derechos humanos.
Seguridad y estado de excepción
Bajo la implementación de un régimen de excepción extendido por 31 meses, se suspendieron garantías constitucionales y se implementaron reformas legales contrarias a estándares internacionales de derechos humanos. Esto derivó en la detención de más de 82 mil personas, saturando el sistema penitenciario, con una tasa de más de 1,700 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes, la más alta del mundo. Además, se han registrado más de 6 mil denuncias de violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, faltas al debido proceso, tortura, tratos crueles e inhumanos y al menos 313 muertes bajo custodia del Estado.
Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
En los últimos años, El Salvador ha adoptado leyes y políticas que afectan los ecosistemas, debilitan la democracia ambiental y vulneran derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
El auge de megaproyectos y conflictos socioambientales han generado amenazas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Por ejemplo, construcciones como lo son Surfcity 2 en la zona oriental del país y el Aeropuerto del Pacífico en La Unión, han generado desalojos de tierras y desplazamientos forzado contra comunidades, según han denunciado organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientalistas.
Justicia Transicional y Memoria Histórica
El Salvador aún carece de una Ley de Justicia Transicional u otra normativa que garantice los derechos a la verdad, justicia, reparación integral, medidas de no repetición y memoria histórica para las víctimas del conflicto armado. Aunque en el ciclo anterior del EPU el Estado aceptó las recomendaciones proporcionadas por los demás Estados miembro de Naciones Unidas para aprobar dicha normativa, entre 2019 y 2024 se presentaron dos anteproyectos de ley al Órgano Legislativo, los cuales no fueron discutidos y procedieron a ser archivados.
Asimismo, El Salvador se comprometió a investigar y sancionar a los responsables de crímenes internacionales y violaciones graves a derechos humanos durante el conflicto armado. Sin embargo, a ocho años de la derogación de la Ley de Amnistía de 1993, no se ha condenado ni sancionado a ningún responsable, incumpliendo los estándares internacionales.
Personas defensoras de derechos humanos
La presidencia de Nayib Bukele se ha caracterizado por discursos hostiles y prácticas intimidatorias contra defensores de derechos humanos, acusándolos de complicidad con pandillas o intereses fraudulentos, y equiparándolos con grupos criminales, opositores políticos y disidentes.
El gobierno ha usado recursos legales e institucionales para atacar a estas organizaciones, como la propuesta de la Ley de Agentes Extranjeros que sanciona a ONGs, detenciones arbitrarias, como la de los líderes de Santa Marta por su lucha contra la minería. Además, se han registrado discriminación basadas en género, violencia discursiva y digital, y represalias contra defensores de derechos laborales, incluyendo despidos de líderes sindicales en instituciones estatales.
Entre 2020 y 2023, se contabilizaron 498 agresiones de autoridades contra periodistas y medios, incluyendo confiscación de materiales y equipos de trabajo, de acuerdo con informes elaborados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Niñez y adolescencia
El informe de la Red para la Infancia y la Adolescencia de El Salvador (RIA) destacó tres aspectos clave para la defensa de este grupo poblacional: la desprotección de los derechos de niñas, niños y adolescentes como impacto del régimen de excepción, debido a que más de 1194 adolescentes han sido detenidos por presunta participación en grupos delincuenciales, y la muerte de 4 infantes bajo custodia estatal entre 2022 y 2024, según investigaciones realizadas por Cristosal.
En salud sexual y reproductiva, se resalta el retiro de material educativo en centros educativos por parte del Ministerio de Educación sobre educación integral en sexualidad. Según Naciones Unidas, El Salvador es uno de los 50 países con mayor tasa de embarazos en niñas de 10 a 14 años. A pesar de las políticas establecidas en la Política Crecer Juntos 2020-2030, en la Ley Crecer Juntos y la Estrategia de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes 2017-2027, en la práctica no se han cumplido.
Derechos de personas LGBTIQA+
Entre 2019 y 2023, se registraron más de 30 asesinatos de personas LGBTIQA+ con extrema brutalidad y 641 desplazamientos internos por violencia.
Las personas LGBTIQA+ enfrentan graves retrocesos debido a la falta de un marco legal integral y políticas públicas inclusivas, lo que perpetúa la discriminación y la violencia sistemática. En 2021, iniciativas como la Ley de Identidad de Género y la Ley Especial por la Igualdad y No Discriminación fueron archivadas por la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa, bajo el argumento de ser leyes “obsoletas y no acordes a la realidad”.
Educación Superior
La Universidad de El Salvador (UES) presentó un informe sobre la situación actual de la educación superior, destacando el peligro que representan las reformas legales a la Ley de Educación Superior y la Ley Orgánica de la UES, las cuales amenazan la autonomía universitaria y la libertad académica.
Otro de los aspectos abordados son las acciones presupuestarias que ponen en riesgo el derecho a la educación superior gratuita. Desde 2020, la UES enfrenta un incumplimiento sistemático de las transferencias presupuestarias, lo que afecta el funcionamiento y los programas de apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad. Además, se denunció la transgresión de la libertad académica y de expresión debido a la difusión de un discurso negativo y estigmatizante por parte del aparato comunicacional estatal.
Las organizaciones de sociedad civil participantes en la presentación de informes ante el EPU enfatizaron la urgencia de que el Estado salvadoreño implemente medidas concretas para garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos.
Entre las recomendaciones destacadas se encuentra la necesidad de crear y reforzar leyes que respondan a las exigencias de los diversos grupos poblacionales contemplados en los ejes de trabajo, asegurando el cumplimiento efectivo de sus derechos. Asimismo, se hizo un llamado a reformular el funcionamiento de las instituciones estatales para garantizar el debido proceso y a validar y ejecutar las leyes y normativas previamente aprobadas, asegurando así el cumplimiento de las recomendaciones del ciclo anterior del EPU y avanzando hacia una sociedad más justa e inclusiva.
