sábado , julio 2 2022

Organizaciones exigen políticas de seguridad que sean participativas e integrales

Consideran que la imperante violencia que se ha mantenido en El Salvador requiere de respuestas eficaces, transparentes, profundas y de largo plazo, abandonando estrategias meramente represivas. Las acciones deben enfocarse en la investigación científica del delito, la prevención y la atención integral a las víctimas.

Ocho articulaciones que reúnen a más de medio centenar organizaciones de la sociedad civil emitieron este viernes un comunicado conjunto donde expresaron su rechazo al régimen de excepción vigente en El Salvador por el peligro de violaciones a los derechos humanos de la población.

El régimen de excepción “representa la restricción de derechos para la población en un momento de inseguridad y temor. Además, constata que el Estado sigue sin ejercer dominio del territorio y que su principal política de seguridad, el Plan Control Territorial, no ha logrado los cambios que tanto se han anunciado”, consignaron las organizaciones en el comunicado.

Consideraron que “la criminalidad debe combatirse con las herramientas vigentes del ordenamiento penal y el respeto al orden constitucional”, pues “otorgar atribuciones extraordinarias a las autoridades de seguridad pública, como las que se les han dado con el decreto de régimen de excepción, abre una puerta para la comisión de violaciones de derechos humanos”.

Criticaron que la aprobación “expedita de un paquete de reformas legales” que hizo la Asamblea Legislativa “no contribuyen al combate de la criminalidad y profundizan la respuesta esencialmente represiva del Estado”.

Estas reformas se orientan al aumento de penas, crean la figura de jueces sin rostro –un modelo que ha demostrado su ineficacia en otras regiones– , elimina salidas alternas para personas privadas de libertad y endurece la prisión de la juventud, resaltaron.

Este conjunto de hechos “ponen de nuevo en evidencia la necesidad de construir conjuntamente políticas de seguridad que sean públicas, participativas, integrales y medibles, que permitan el abordaje de las causas de la violencia respetando, protegiendo y garantizando los derechos de la población”, enfatizaron las organizaciones pertenecientes a 8 articulaciones sociales.

Estas son la Plataforma por la Seguridad Ciudadana (PSC), el Grupo de Trabajo sobre Personas Desaparecidas (GTPD), la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), la Red por los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad (Red PPL), el Grupo Gestor por una Ley Integral de Reparaciones (GG), la Mesa Permanente por Una Ley de Identidad de Género en El Salvador, la Junta Ciudadana por el Derecho Humano a la Comunicación  y la Mesa por el Derecho a Defender Derechos.

Las organizaciones que suscribieron el comunicado han acompañado durante décadas a la población víctima de la violencia, desarrollado diversas acciones de prevención en los territorios y propuesto a los gobiernos mejoras en sus políticas públicas.

Estos aportes han buscado siempre el desarrollo de una política de Estado que vaya más allá de intereses partidarios, recalcaron.

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