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Una aglomeración de más de 30 organizaciones defensoras de derechos humanos y víctimas del conflicto armado señalaron durante la entrega de una carta dirigida al presidente Nayib Bukele que los gobiernos que han ejercido sus funciones desde la firma de los Acuerdos de Paz no han escuchado las exigencias de brindar reparación por los delitos de lesa humanidad cometidos en el conflicto las víctimas y sus familiares.
“Todos los gobiernos consecutivamente han desoído la voz de las víctimas. Todos los gobiernos desde la firma de los Acuerdos de Paz han dejado deudas con las víctimas del conflicto armado”, afirmó el representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), Juan Carlos Sánchez.
Desde 1992, ARENA tuvo 4 gobiernos, mientras que el FMLN tuvo 2. El actual gobierno lo preside Bukele bajo la bandera de GANA.
En el evento que se realizó fuera de Casa Presidencial, Sánchez expresó que pronto se cumplirán 6 años de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía que se encontraba vigente desde 1993. En julio de 2016, la Sala de lo Constitucional sentenció que la ley es inconstitucional porque impedían el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación en casos de graves violaciones a derechos humanos.
Además, el representante de DPLF manifestó que el actual gobierno tiene las condiciones políticas para que la reparación a las víctimas se vuelva una realidad. “Tiene todas las condiciones en la correlación política legislativa, en el control de las instituciones para poder por fin pasar esta página de la historia que no la pueden pasar y que todavía es la deuda del pueblo salvadoreño”, dijo.
En la carta, las organizaciones defensoras de derechos humanos y grupos de víctimas realizaron 6 exigencias al Estado y al gobierno de Bukele. Entre estas se encuentran la aplicación de leyes, reglamentos y normativas relativas a la justicia transicional que cumplan con lo mencionado en la sentencia de inconstitucionalidad de 2016, cesar el bloqueo a los archivos militares históricos y abrir un canal de diálogo para escuchar las exigencias de las víctimas y sus familias.
