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En una carta abierta criticaron que el Estado salvadoreño se mantenga como “referente de impunidad y de omisión de procesos integrales de reparación a las víctimas de graves crímenes que se perpetraron durante el conflicto armado”.
Representantes de 30 organizaciones que integran tres articulaciones de defensores de derechos humanos, así como de víctimas y sobrevivientes de la guerra, entregaron en Casa Presidencial una carta al presidente Nayib Bukele en la que le solicitaron crear “un canal de diálogo activo, respetuoso y abierto a las demandas de las víctimas y sus familiares, que permita implementar un proceso real de justicia transicional en el país”.
El escrito ha sido respaldado por la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica de El Salvador y el Grupo Gestor de la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado, espacios de articulación de 30 organizaciones nacionales e internacionales y colectivos de víctimas que trabajan en defensa de los derechos humanos y la justicia transicional.
“Durante décadas, hemos venido luchando por el acceso a la verdad, justicia y reparación integral, junto al pueblo salvadoreño que se niega a ceder ante el olvido. Lamentablemente, por el contrario, el Estado salvadoreño ha sido referente de impunidad y de omisión de procesos integrales de reparación a las víctimas de graves crímenes que se perpetraron durante el conflicto armado”, expresaron las organizaciones.
Pidieron que el Estado salvadoreño, incluido el gobierno, cambie su histórica posición de ignorar a las víctimas y, de forma decidida, se esfuerce en el cumplimiento de sus obligaciones que en esta materia le imponen la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por El Salvador.
Para las organizaciones, las élites políticas que han ejercido el gobierno desde el año 1992 hasta ahora “han ignorado la voz de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos”.
Entre los casos emblemáticos de la guerra mencionaron los relacionados con niñez desaparecida, la masacre ocurrida en el caserío El Mozote y sitios aledaños, así como la emboscada y asesinato de cuatro periodistas holandeses, entre otras.
Reprocharon el “encubrimiento a los responsables de crímenes del pasado”, como el bloqueo a los archivos militares en la actual gestión de Gobierno, contraviniendo lo ordenado por un juez independiente en el caso del crimen de lesa humanidad perpetrado por militares en El Mozote.
“Observamos con preocupación otras medidas que, consideramos, alejan la posibilidad de una reconciliación fundada en la verdad, la memoria, la justicia y la reparación integral, tales como el cierre del diálogo directo y sistemático con nuestros colectivos en el ámbito legislativo, ejecutivo y municipal –tanto a nivel central como en los territorios– o la reiterada negación al acceso de los archivos históricos en poder de la fuerza armada o, en su defecto, realizar una reconstrucción para contribuir a la verdad y al fortalecimiento de las investigaciones en curso”, expresaron los colectivos de derechos humanos.
Además, se pronunciaron indignados frente al “discurso recurrente y estigmatizante contra las organizaciones de derechos humanos por la labor que realizan, generando un contexto hostil contrario a una cultura de derechos humanos y justicia social”.
“Este país, que anhela un camino de justicia, necesita sanar y cerrar las heridas del pasado y del presente, que por la voluntad de sucesivos gobiernos se han quedado silenciadas. Esta es la impunidad que sigue golpeando a víctimas y familiares”, expresaron.
También consideraron que la materialización de la impunidad en El Salvador se refleja en el poco o nulo avance de la justicia transicional en sus cinco pilares: verdad, justicia, reparación, medidas de no repetición y memoria. “Estos componentes representan una oportunidad para plantar las semillas de una verdadera reconciliación y de la reconstrucción del tejido social”, dijeron las organizaciones.
