VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
Como una “política estatal” calificó el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) las restricciones al acceso a la justicia en El Salvador. Cuestionó también que existe un debilitamiento sistemático a dicho derecho, especialmente desde el inicio del régimen de excepción.
Esto concluyó el OUDH en su informe “una mirada a la situación de derechos humanos en El Salvador” en el que dibujaron el escenario de los derechos a la vida, a la integridad, libertad personal, el acceso a la justicia y la libertad de expresión en 2024.
Respecto al derecho a la justicia, el informe enfatizó la inoperancia práctica del hábeas corpus, una herramienta de protección urgente a detenciones arbitrarias, puesto que en su mayoría son rechazadas por criterios “formalistas y rigoristas.”
“Si se comparan las cifras con el año 2023 se obtiene que ingresaron 2123 procesos menos que en 2024. El cambio más drástico sucedió con los hábeas corpus, pasando de 3071 ingresos en 2023 a 969 en 2024; es decir, una reducción del 68.45%. Además, la disminución es aún más evidente si se compara con 2022, donde se ingresaron un total de 3,396 procesos”, subraya el informe.
A lo anterior se suma que, en 2024, de todos los recursos recibidos (no únicamente en ese año), 3124 habeas corpus fueron declarados improcedentes, hubo 694 inadmisibles, 66 sobreseimientos, lo que representó el 98.18% del total de casos.
A ello se suman las denuncias por negligencia, dilaciones indebidas y omisiones en la protección de derechos, especialmente dirigidas contra: la Fiscalía General de la República con 87 denuncias, el Órgano Judicial con 27 y la Policía Nacional Civil con 20.
“Esto confirma que la restricción del acceso a la justicia no es un fenómeno aislado, sino parte de una política estatal que prioriza el control y la represión por encima de la garantía de los derechos humanos, afectando de forma más severa a los sectores más vulnerables de la población”, señaló la OUDH en su publicación.
También se refirió a la “reducción abrupta” del número de defensores públicos en 2024 y la sobrecarga “desproporcionada” de casos por cada abogada, lo que indica, según el Observatorio, una crisis estructural en el sistema de defensa pública.
Todo esto se lleva a cabo en el marco del régimen de excepción en el que diversas organizaciones han documentado cientos de vulneraciones a derechos humanos, entre estas detenciones arbitrarias, desapariciones, malos tratos, incluso muertes al interior de los centros penitenciarios.
“Es necesario que se garantice el acceso efectivo a la justicia constitucional, que se puedan revisar realmente los procesos de habeas corpus, de inconstitucionalidad, de amparos, pero claramente esto no se va a dar si no contamos con el punto base de todo esto que es la independencia imparcial y judicial”, manifestó Gabriela Santos, directora del IDHUCA.
Con edición de Diego Hernández
