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Miembros de la Asociación Salvadoreña de Personas Ciegas y Discapacitadas Múltiples solicitaron que se destinen $36 millones para la pensión universal que establece la nueva Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que entrara en vigencia en enero de 2021, pero que no fue añadida por el Ejecutivo en el proyecto de Presupuesto General.
Esta petición llegó a la Asamblea Legislativa respaldada por el diputado Víctor Suazo del FMLN y pasará a ser de conocimiento de la comisión de hacienda que estudia el presupuesto general.
De acuerdo con los solicitantes, se trata de una pensión de $150 para 20,000 personas con discapacidad.
En referida ley, se estableció que El Estado, a través de las instituciones competentes en materia de seguridad social, asignará una pensión universal diferenciada a dichas personas, a fin de asegurarles una vida plena y digna. Esta diferenciación se determinará por medio de evaluación de su discapacidad realizada por el Ministerio de Salud.
