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El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) presentó esta mañana ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad en contra del Órgano Ejecutivo por las recientes recepciones y traslados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de venezolanos deportados desde Estados Unidos.
“En estas acciones que está asumiendo el gobierno salvadoreño existe una clara violación de la Constitución de la República respecto que: no podrá celebrarse o ratificarse tratados en los cuales de alguna manera se lesione o menoscabe los derecho y garantías fundamentales de las personas humanas”, manifestó Maricela Ramírez, una de las representantes del Bloque.
De acuerdo con la organización, con estas acciones “arbitrarias” el Ejecutivo violentó los artículos 144, 145 y 146 de la Constitución y también los artículos 2, 3, 12 y 14 con relación a los derechos de libertad personal, a la igualdad, a la no discriminación, al principio de legalidad, entre otros.
“Nosotros exigimos a través de esta demanda que se pueda declarar inconstitucional los actos del Órgano Ejecutivo respecto a la recepción de estas personas ciudadanas de Venezuela que provienen de Estados Unidos de América”, reiteró Ramírez. Sostuvo también que tras estas recepciones y traslados existe por medio un beneficio económico o pago en favor de El Salvador.
Sobre los venezolanos
El pasado 16 de marzo, el Gobierno de Estados Unidos deportó hacia El Salvador al menos 261 personas provenientes del país norteamericano, mismas que fueron trasladas al CECOT. Entre estas personas fueron enviadas 238 venezolanos, y 38 nacionales salvadoreños de la pandilla Mara Salvatrucha. Este 31 de marzo El Salvador recibió a otras 17 personas acusadas de pertenecer a los grupos delictivos Tren de Aragua y MS-13.
Cristosal, una organización de derechos humanos en El Salvador, solicitó información a la Dirección General de Centros Penales (DGCP), pero la repuesta fue denegada alegando que se trataba de datos personales.
“Las acciones relativas a la captura y deportación forzosa de personas sin acceso a mecanismos legales para su defensa, así como su internamiento indiscriminado en el sistema penitenciario salvadoreño, aunado a la negativa estatal de informar sobre el paradero o condiciones de estas personas, constituye una grave violación a los Derechos Humanos que podría configurarse como un delito de lesa humanidad en los términos del Estatuto de Roma”, señaló también recientemente Cristosal en un informe.
El pasado 1 de abril, el presidente estadounidense Donald Trump, invitó al mandatario Nayib Armando Bukele a la Casa Blanca. En la carta de la invitación el presidente Trump reiteró su agradecimiento a Bukele por la recepción de venezolanos deportados.
“Tu apoyo a mi esfuerzo por combatir la inmigración ilegal es muy agradecida (…) Con la ayuda de amigos como tú, hemos hecho un gran progreso en la protección de americanos de las actividades ilegales fronterizas”, sostiene la carta dirigida a Bukele.
Con edición de Diego Hernández
