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241 casos de personas fallecidas son los que contabiliza el Socorro Jurídico Humanitario (SIH) entre marzo de 2022 a marzo de 2024, es decir, dos años desde que el Estado salvadoreño y su población ha permanecido bajo la suspensión de una serie de garantías constitucionales ante un Estado de excepción.
De esos casos de personas fallecidas bajo la tutela estatal mientras permanecían dentro de centros penales, 239 eran personas adultas y las otras dos, menores de edad. La mayoría de estos, el 44%, son catalogados dentro de muertes violentas, el 29% a causa de la negligencia por falta de atención médica, un 4% a raíz de enfermedades terminales y el resto se desconoce, así lo reveló un reciente informe del SIH presentado este 3 de marzo de 2024.
Ingrid Escobar, abogada del Socorro Jurídico, detalló también que si bien, han logrado confirmar 241 casos, la cifra real incluso puede ascender a más de 550. “El problema de estas víctimas mortales, que es lo peor que le puede suceder a alguien que ha sido capturado, procesado y sin derecho a los principios que engloba el debido proceso como el derecho a la defensa, a una audiencia, un juicio justo, presunción de inocencia; es que ya murieron sin tener ese derecho”, sostuvo.
“Han matado a sindicalistas, estudiantes, jornaleros, predicadores, personas con discapacidad: trabajadores en general. Estaban bajo tutela del Estado y el Estado con conocimiento o por omisión los dejó morir y a otros, como en el penal de Izalco, los torturaron”, agregó.
Según el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, desde el 27 de marzo, hasta la fecha, un total de 79,184 personas han sido detenidas. De estas, según el SIH, casi 30 mil personas son inocentes. “Son personas completamente inocentes y que no tienen nada que estar haciendo en centros penales. Se encuentran ahí únicamente con el objetivo de mantener la popularidad del dictador Bukele”, dijo Escobar.
La SIH, como una organización emergida en el marco del régimen de excepción y con el propósito de brindar asistencia y ayudar a las personas arbitrariamente detenidas en este contexto, es parte, hasta ahora, de más de 50 casos en los procesos penales y ha presentado más de 1,800 habeas corpus, los cuales no han sido respondidos.
“Que se restablezca el Estado de derecho en El Salvador y se levante el régimen de excepción porque es inconstitucional”, exigió la abogada.
Víctimas y familiares de detenidos a dos años del régimen de excepción
Otro de los espacios con auge durante estos dos años, ha sido también el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), un movimiento creado por los mismos familiares de detenidos desde la aprobación del régimen de excepción. Su exigencia permanente en cada marcha, plantón y demás actividades es la liberación de sus familiares “inocentes” y justicia.
“Como movimiento de víctimas consideramos que el régimen de excepción ya no debería de existir. Son 24 meses de prórrogas, de capturas arbitrarias sin el debido proceso. Según el gobierno, estamos en un país seguro, dicen que hay seguridad, que no hay homicidios. Por otro lado, vemos que el régimen ha fungido como un instrumento con el cual, deliberadamente han capturado muchos inocentes, a muchas personas que no tienen nada que ver con pandillas y que han sido capturados porque necesitaban acumular y sumar los números, sin importar los daños y consecuencias para las familias afectadas”, dijo a VOCES, Samuel Ramírez, representante del MOVIR.
Ramírez indicó que, a dos años de esta medida, son cientos de víctimas que esperan las audiencias y pasar a juicio. Asimismo, desde la mirada de Ramírez, el debido proceso no se respeta, ni la Constitución, las leyes secundarias y tampoco se llevan a cabo las investigaciones necesarias. Esto sumando a que, según Ramírez, las instituciones no escuchan el llamado a las víctimas, lo que cuestiona si en el futuro habrá justicia para los detenidos y los fallecidos.
“Aquí, en El Salvador, todo es régimen. A todo el mundo se le aplica, si es vendedora o vendedor de la calle, si es una persona que ha sido denunciada por vecinos, entre otras. Es un abuso. A dos años es inaudito que sigamos sometido ante un régimen de excepción”, agregó.
Con edición de Morena Villalobos
