VOCES Diario digital | El Salvador De la gente para la gente
Distribuirlos masivamente y sin receta médica constituye un atentado al derecho a la salud de la población por parte del gobierno.
La organización Cristosal pidió al Consejo Superior de Salud Pública (CSSP) y al Centro Nacional de Farmacovigilancia (CNFV) que hagan uso de sus facultades para retirar de los kits que el gobierno a los positivos a COVID-19 los medicamentos ivermectina y molnupiravir, ya que su uso “inadecuado y sin control” puede poner en riesgo la salud de la población.
“Hemos revisado múltiple literatura, hemos entrevistado médicos especialista en este tema y no hay un pronunciamiento a favor, por el contrario se pronuncian en contra de la entrega generalizada de medicamentos que tienen efectos directos sobre personas con precondiciones”, aseguró Ruth López, jefa
jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal.
Repartir estos medicamentos sin información de los efectos secundarios, de las contraindicaciones y las prohibiciones de uso para algunos pacientes es un atentado al derecho a la salud de la población, consideró Cristosal.
La ivermectina es una medicina aprobada en dosis muy específicas para tratar algunos gusanos parásitos, piojos y afecciones cutáneas, pero ni la Administración
de Drogas y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), ni la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), ni la Organización Mundial de la Salud (OMS), ni la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han autorizado su uso para el tratamiento del COVID-19.
Por otro lado, el 23 de diciembre de 2021, la FDA emitió una autorización de uso de emergencia al antiviral molnupiravir para el tratamiento de la enfermedad por COVID-19, el cual debería estar disponible solo con receta médica a pacientes concretos y el tratamiento debe iniciarse lo antes posible después de un diagnóstico y dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas.
En febrero pasado, el gobierno de Nayib Bukele anunció que proveería gratuitamente este antiviral en los kits que envían a domicilio a las personas con prueba positiva a la enfermedad. Esto fue posible al adquirir un lote de 4 millones de tabletas a un costo de $12 millones.
“El tema es atender al derecho a la salud y al derecho a la vida de la ciudadanía que se estaría siendo vulnerado, especialmente para aquellos grupos que tienen fallos renales, fallos hepáticos, mujeres embarazadas que son grupos de alto riesgo. No pueden ser entregados abierta y de manera general este tipo de medicamentos por los daños que causa”, explicó la abogada.
Según la Constitución de la República, el CSSP está facultado para velar por la salud de la población, a vigilar el funcionamiento de las instituciones de salud y presentar las recomendaciones para su mejoramiento, señalando específicamente las anomalías que deban corregirse. Por esa razón, se ha recurrido a esta
instancia reguladora, dijo Cristosal en un comunicado.
En el caso de la CNFV, la legislación los faculta a garantizar el uso seguro y efectivo de los medicamentos, así como a realizar el análisis y gestión del riesgo de medicamentos y emitir y difundir alertas de seguridad de medicamentos.
Cristosal pide a ambas entidades hacer uso de sus facultades y emitir las recomendaciones a las autoridades de salud para que la ivermectina deje de ser usada para el tratamiento del covid-19 y el molnupiravir solo sea usado bajo receta médica, por lo que ambos medicamentos tendrían que ser retirados del paquete de medicamentos que son enviados a domicilio desde marzo de 2020.
